La Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, presidida por el diputado Rubén Gregorio Muñoz Álvarez (Morena), se reunió con el Consejo Consultivo del Agua, para analizar la situación hídrica del país, los retos y soluciones.

​El diputado Muñoz Álvarez afirmó que tenemos que aprender como país que no podemos seguir contaminando el agua y establecer una política de Estado para que quien contamine pague por ello”, porque el recurso es universal y, al ser un derecho, todos tenemos el mandado constitucional de preservarlo, tanto las aguas nacionales como en las actividades productivas.

​Consideró que el sector hídrico es uno de los más importantes de la economía mexicana, que exige evaluarlo en todas sus vertientes con los especialistas, para atender conjuntamente el desafío del abasto del agua, como uno de los mayores retos que se tiene como sociedad.

​El objetivo, destacó, es establecer la homologación del recurso, compartir información y definir una visión integral de la problemática hacia un desarrollo equilibrado con justicia social.

​“Sólo teniendo un diagnóstico homologado se van a encontrar las soluciones que se necesitan para cumplir el compromiso pendiente de reglamentar el artículo cuarto constitucional, para dar certeza a que el agua, como derecho, debe ser uno de los retos que debemos atender como nación, a fin de dar agua potable de buena calidad a los más de doce millones de mexicanos que no cuentan con ese recurso”, sostuvo.

​Subrayó la importancia de colocar el agua como un tema prioritario en la agenda nacional. México tiene un compromiso internacional no cumplido de aportar el uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para atender el reto creciente, e invertir más de 76 mil millones de pesos al año, seguir manteniendo la infraestructura y construir nueva, así como resolver el tratamiento de aguas residuales.

​Además, se busca crear un fondo de infraestructura hidráulica que provenga de los subejercicios presupuestales y se enriquezca con el programa de fiscalización del agua, que tenemos que iniciar desde el ámbito municipal, estatal y nacional, producto de las sanciones por la contaminación del recurso.

Consideraciones de las y los diputados

​La diputada Adriana Bustamante Castellanos (Morena) apuntó que se tiene un reto legislativo muy grande, para cumplir con reformas constitucionales y acuerdos internacionales hacia la justicia hídrica en el país, a fin de construir las bases de una ley general de agua de forma consensuada.

​Añadió que el actual marco legal tiene muchas debilidades como gestionar el recurso a través de concesiones con una lógica de mercado, sin mecanismos claros de regulación, desarticulación entre los órganos de gobierno con la ciudadanía y falta de reconocimiento a los derechos humanos. 

Por el PAN, el diputado Mario Mata Carrasco urgió una regulación en el uso del agua en México. “El Poder Legislativo ha sido omiso al no tener una ley reglamentaria al artículo cuarto constitucional respecto al derecho humano al agua”.  

Consideró que se pueden tener dos leyes en la materia que convivan y regulen cosas diferentes, como el acceso universal al agua potable de consumo humano e industrial y no abrogar la Ley de Aguas Nacionales para no quitar a los agricultores y ganaderos su derecho al recurso. 

Pidió revisar dicha ley para darles más capacidad de gestión a los organismos del sector.

​A nombre de MC, el diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa propuso anteponer al país por encima de ideologías y temas personales, para construir una ley general consensuada que cumpla con el mandato constitucional de garantizar el derecho humano de consumo personal y doméstico.

Estimó que dos leyes pueden convivir; no obstante, la Ley de Aguas Nacionales requiere reformarse. Planteó que es fundamental una inversión mixta hídrica con la participación del sector privado para rescatar la infraestructura.

​Del PAN, el diputado Román Cifuentes Negrete planteó la conveniencia de expedir una ley reglamentaria al artículo cuarto de la Constitución respecto al derecho humano al agua. ¿Cómo sería el impacto de la estructura jurídico-administrativa en el esquema actual del funcionamiento del Conagua y andamiaje constitucional, porque implicaría reformar otros preceptos de la Carga Magna? en torno a las facultades municipales para prestar este servicio.​​

También del PAN, el diputado Noel Mata Atilano comentó que no hay necesidad de una nueva ley, sino actualizar la vigente Ley de Aguas Nacionales.

Pidió a sus pares reflexionar y hacer a un lado el color e ideología política, en busca de coincidir con los expertos para alcanzar la gobernanza en el manejo hídrico, aumentar las inversiones en infraestructura que es urgente y concientizar sobre el uso responsable del agua en los tres órdenes de gobierno con una visión técnica hacia la sostenibilidad y coordinación permanente a través de Conagua.

​El diputado Pedro Garza Treviño (PAN) señaló la importancia de que los municipios exijan a los usuarios el pago del agua que consumen.

Se pronunció por que se cumpla la Ley de Aguas Nacionales, y de no hacerlo se suspendan las concesiones para usufructuar el recurso; regular el uso y reúso del líquido, y no cobrar el almacenaje del agua, a fin de facilitar la generación de empleo y captación de divisas, en lugar de importarla. Planteó la necesidad de penalizar al municipio que no mida, facture y no cobre el consumo del agua.

​La diputada Olga Juliana Elizondo Guerra (Morena) propuso identificar las prioridades en los sistemas de riego en las actividades agrícolas y ganaderas para convertirlos en sustentables y, atender el consumo de agua de los habitantes en un marco de responsabilidad compartida para pagar puntualmente el consumo.

Refirió que se registran bajas reservas y gran cantidad del recurso va a los mares, cuando se puede reutilizar con mecanismos eficientes de saneamiento. Pidió promover una cultura del cuidado del agua.

Del PVEM, el diputado Juan Pablo Montes de Oca Avendaño dijo que las estadísticas sobre la problemática del agua son alarmantes, por lo que, la ciudadanía tiene que conocerlas para fomentar una cultura de su cuidado.

Dijo que en muchos municipios de Chiapas se cobran quince pesos al mes por el consumo de agua sin medidor y, de pretender aumentar esa cuota, no se acepta. De 124 alcaldías, sólo en dos o tres se tienen medidores, por lo que no se puede controlar ni regular.

Participación del Consejo Consultivo del Agua

​Raúl Rodríguez Márquez, presidente del Consejo Consultivo del Agua, planteó las cinco prioridades del organismo, mediante un pacto social por el agua: cantidad, calidad, seguridad hídrica, eficiencia y eficacia en la gestión del recurso e inversión, para cumplir con el objetivo de contar con agua potable, saneamiento y servicios básicos de higiene.

​Afirmó que el tema del agua “no tiene color ni orientación política, es un asunto de supervivencia”.

​Resaltó que el marco legal del agua es clave para otorgar certeza jurídica a fin de lograr la gestión del recurso y cumplir los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) y todos los sectores participen en un esquema multisectorial. “Tenemos un marco jurídico robusto que ofrece áreas de oportunidad y planeación”.

​No obstante, falta legislar el pendiente relativo a la reforma del artículo cuarto constitucional del 2012, para reglamentar el derecho humano al agua, a través de una Ley General de Aguas, que sustituya a la actual de Aguas Nacionales, reglamentaria del artículo 27 constitucional, donde el recurso hídrico es de la nación, mencionó.

​“Dos leyes del agua pueden convivir y complementarse eficientemente. El riesgo de abrogar la Ley de Aguas Nacionales y sustituirla por la Ley General de Aguas es que siempre van a tener la misma debilidad: su parte inconstitucional”, apuntó.

Aseguró que esta Legislatura tiene la oportunidad de promover y construir una Ley General de Aguas, en busca de que las personas en extrema pobreza cuenten con agua suficiente en calidad y cantidad, con apoyo de todos los sectores, aprovechando las innovaciones que existen para hacer efectivo el derecho humano al agua.

Aclaró que ello “no significa que la Ley de Aguas Nacionales no pueda mejorarse, se puede hacer”. Sugirió una discusión que se base en el texto actual vigente para buscar soluciones a su aplicabilidad y tomar en cuenta que algunas soluciones sí son legislativas, y otras se vinculan con la propia operación.

​Externó la disposición del Consejo para trabajar con las y los diputados, compartiendo información y experiencias para encontrar soluciones a los desafíos hídricos ante el cambio climático, a fin de que el Poder Legislativo tome las mejores decisiones en materia regulatoria y en política pública.

​María Elena Mesta Fernández, integrante del Consejo Consultivo del Agua, indicó que es necesario reformar la Ley de Aguas Nacionales en busca de que se aplique con transparencia y los organismos del sector hídrico rindan cuentas. 

Propuso diseñar un sistema anticorrupción del agua que evite y combata esta práctica.

​Sostuvo que el recurso público no será suficiente y se requerirá de inversión privada para atender las necesidades de infraestructura del sector. 

Propuso crear un sistema financiero del agua que logre captar los fondos suficientes y evaluar el impacto de la legislación en las acciones.

​Román Gómez, también integrante del Consejo Consultivo, planteó fortalecer el sistema financiero del agua y el régimen de concesiones de aguas nacionales, que es robusto y se creó hace muchos años con otro tipo de presiones demográficas, con nuevos mecanismos para darle más flexibilidad adaptativa.

​Roberto Olivares, integrante del Consejo Consultivo, consideró que la seguridad hídrica está en riesgo. “En México no estamos haciendo una gestión adecuada de esos recursos ni de las cuencas, porque se hace en el escritorio, supeditada a cuestiones fiscales y presupuestales. 

Necesitamos tomar en cuenta el diagnóstico del sector hídrico para definir estrategias conjuntadas con los compromisos de los ODS”, apuntó.

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