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Urgen al Ejecutivo Federal remitir al Senado el Convenio 129 de la OIT sobre inspección del trabajo agrícola

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A la Comisión de Trabajo y Previsión Social fue turnado el punto de acuerdo que propuso el senador Víctor Manuel Castro Cosío, para que el Ejecutivo Federal remita al Senado el Convenio 129, sobre la inspección del trabajo en agricultura, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El resolutivo también exhorta al Ejecutivo, con las facultades que la Constitución le confiere, a retomar el proceso deliberativo correspondiente a la ratificación del Convenio 129.

Desde la Tribuna, el senador por el Grupo Parlamentario de Morena aseguró que se debe incentivar la actividad agrícola en el país, pues es importante para el crecimiento económico nacional, sin perder de vista  el factor humano. No podemos permitirnos el crecer en este rubro a costa de los trabajadores del campo, argumentó.

Sostuvo que el campo ha estado abandonado y que no se han presentado políticas públicas para reactivarlo, aunado a esto dijo, los trabajadores han sido olvidados y sufren el atropello de sus patrones, empresa y de los comerciantes provechosos que pretenden pagarles sus productos en una tercera parte de lo que posteriormente los venderán en el mercado.

Exigió implementar acciones que ayuden a regular y velar por los intereses de los trabajadores del campo, como las que obran en el Convenio 129 de la OIT. Agregó que de acuerdo con la Encuesta Nacional Agropecuaria realizada por el INEGI en el 2017, hay 11.8 millones de puestos de trabajo de jornal por contrato, de los que solo 12.8 por ciento se encuentran ocupados por mujeres, de las cuales solo tres de cada diez reciben una remuneración.

El promedio de salario del jornalero es de 167.70 pesos por 7.2 horas de trabajo de alta intensidad y  cada contrato es de aproximadamente 25 días, abundó.

Entre los principales acuerdos establecidos en el Convenio, el senador Castro Cosío destacó la competencia de la autoridad para delimitar previa consulta, la línea de demarcación entre la agricultura, la industria y el comercio, en forma tal que ninguna empresa agrícola quede al margen del Sistema Nacional de Inspección del Trabajo.

Así como las disposiciones legales relativas a las condiciones de trabajo y a la protección de los trabajadores en el ejercicio de su profesión, proporcionar información técnica y asesorar a los empleadores y a los trabajadores sobre la manera más efectiva de cumplir las disposiciones legales, y la presentación de un informe anual, entre otras.