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Urgen acciones para fortalecer conservación de áreas naturales y detonar proyectos productivos sustentables

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La presidenta de la Comisión de Cambio Climático, María García Pérez (PAN), funcionarios federales y especialistas en preservación del medio ambiente plantearon acciones para fortalecer la conservación de las áreas naturales del país y detonar proyectos productivos sustentables que beneficien a quienes cuidan a éstas.

Entre dichas acciones destacan incrementar el presupuesto y los recursos materiales y humanos para el cuidado de los recursos naturales, promover incentivos por servicios ambientales, desarrollar una Estrategia Nacional sobre Biodiversidad y Manejo Sustentable de Bosques y crear un Observatorio Nacional de Biodiversidad, entre otros.

Las acciones fueron planteadas durante la mesa de diálogo “Retos y oportunidades para la conservación de las áreas naturales en México”, organizada por la bancada del PAN.

Asimismo, resaltaron la importancia de que la siguiente administración federal y la próxima legislatura asuman con responsabilidad el cuidado del medio ambiente y adopten estos retos, a fin de cumplir con los objetivos del Desarrollo Sostenible de la ONU y las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica.

Una de las metas establece que para 2020, al menos 17 por ciento de áreas terrestres y aguas continentales; y el 10 por ciento de zonas marinas y costeras, estén bajo algún régimen de protección.

La diputada García Pérez sostuvo que México requiere recuperar y conservar su riqueza natural, toda vez que los ecosistemas primarios se están perdiendo a causa de políticas públicas que no han sido respaldadas con recursos suficientes.

“Tenemos un modelo de desarrollo que propicia cambios de uso de suelo, sobreexplotación, contaminación, construcciones en sitios poco apropiados, lo que pone en riesgo a muchas especies, circunstancia que se agrava con la reducción del presupuesto destinado a la política ambiental en más de un tercio”, aseveró.

Por ello, subrayó la necesidad de armonizar el Plan Nacional de Desarrollo y las actividades económicas con el cuidado y recuperación de ecosistemas, a través de políticas basadas en el desarrollo sustentable.

La diputada panista también destacó que se deben fortalecer instrumentos como el pago por servicios ambientales a quienes cuiden y mantengan en buen estado las áreas naturales donde habitan; desarrollar una Estrategia Nacional sobre Biodiversidad y Manejo Sustentable de Bosques, que incluya la erradicación de la deforestación.

Agregó que además, es fundamental crear el Observatorio Nacional de Biodiversidad, para involucrar a los sectores público, social y privado en la conservación de la biodiversidad y fortalecer el marco jurídico que regula las áreas naturales protegidas (ANP).

La también secretaria de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales refirió que México es una de las 10 naciones con mayor diversidad biológica del mundo, cuenta con 182 ANP terrestres y marinas, que suman más de 90 millones de hectáreas destinadas a la conservación de la biodiversidad.

Pedro Álvarez Icaza, coordinador general de Corredores y Recursos Biológicos de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), subrayó que el país tiene áreas naturales con potencial para que “sus dueños”, las comunidades indígenas, puedan realizar actividades productivas con visión de negocio.

Apuntó que esas zonas naturales no necesariamente tienen que ser catalogadas como áreas naturales protegidas, sino con otro esquema que les permita hacer de la conservación del medio ambiente “un buen negocio” mediante un manejo y cuidado integral.

Señaló que sobre las áreas naturales de mayor biodiversidad y riqueza del país se localizan las comunidades más pobres, que son alrededor de 40 asentamientos indígenas, lo cual “nos dice que algo no estamos haciendo bien”.

Resaltó que la Conabio ha impulsado desde 2002 cuatro proyectos denominados Corredores Biológicos, que son esquemas que se localizan en un punto intermedio de áreas protegidas y zonas conservadas que permiten favorecer la productividad biológica. Este año se comenzó con el cuatro proyecto.

El director ejecutivo del Sistema Pronatura, Andrew Rhodes Espinoza, indicó que para alcanzar el buen manejo y administración eficaz de las áreas naturales protegidas, se requiere triplicar el financiamiento en dos partidas: en la de personal y la de operación.

“Hoy se destina un presupuesto de mil 132 millones de pesos con mil 290 empleados de estructura y eventuales, y si se divide en las más de 90 millones de hectáreas de biodiversidad, se invierte 12.46 pesos en cada una por año, y le tocaría administrar 70 mil 418 hectáreas a cada persona, lo que no es factible”, detalló.

Expuso que existen diversos tipos de áreas protegidas, de acuerdo a su categoría de gestión y gobierno, que van desde comunidades indígenas hasta gobierno federal, por lo que es primordial alinear y armonizar las inversiones públicas en éstas, de acuerdo a su programa de manejo.

Además, implementar esquemas adicionales de preservación de la biodiversidad, como las Otras Medidas Eficaces de Conservación Basadas en Áreas (OECM), que son instrumentos que contribuyen al resguardo de la biodiversidad en áreas que no son consideradas protegidas.

Rhodes Espinoza refirió que en algunos países se considera a las áreas naturales protegidas como un obstáculo para el desarrollo económico; sin embargo, hay categorías que permiten el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales dentro de éstas como el agua, desarrollo del turismo, entre otros.

Andrés Ávila Akerberg, director ejecutivo de asociación civil Política y Legislación Ambiental (Polea), señaló que hay una relación estrecha entre las áreas naturales protegidas y los asentamientos de la mayor parte de las comunidades indígenas, que se caracteriza por ser lugares donde la biodiversidad se conserva con niveles altos.

Comentó que se han estado impulsando dos esquemas de conservación de áreas naturales enfocados en las comunidades indígenas y rurales: el de áreas naturales protegidas comunitarias y el de paisajes bioculturales, éstas últimas permiten realizar actividades productivas de bajo impacto.

Dijo que en el país hay 22 millones de hectáreas que puede aplicar para ser consideradas paisajes culturales y que ya hay una iniciativa para incorporar este esquema en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.