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Tala clandestina, sin combate ni denuncias

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Gerardo González, académico del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA), destacó que esta es otra herencia de la impunidad que ha imperado en el país durante años.

“La gente evidentemente no denuncia, incluso sabiendo quién es (el delincuente), porque aquello podría terminar no sólo en la impunidad del delito, sino en represalia”.

Comentó que la Profepa no cuenta con personal suficiente para vigilar y sancionar los delitos ambientales. “Justo en este sexenio parece que la política es no tener inspectores en diferentes áreas y eso incluye a la Procuraduría”.

A principios de junio, un deslave prácticamente sepultó en lodo la zona Centro del municipio de San Gabriel y dejó tres mil damnificados. El hecho ocurrió tras desbordarse el Río Salsipuedes, un fenómeno que se atribuyó a la deforestación provocada por los incendios registrados durante el estiaje. Cinco personas murieron como consecuencia de este evento.

El gobernador, Enrique Alfaro, reconoció que “los procesos de tala clandestina” reblandecieron el suelo. Por su parte, Sergio Graf, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), añadió que el Estado hará lo propio para dar con los responsables y aplicarles la ley.

“La Federación (Profepa y Fiscalía General de la República) es quien tiene las atribuciones legales para actuar”, acotó al referirse a las áreas operativas que deben dar seguimiento a la denuncia.

San Gabriel fue declarado zona de desastre el pasado 13 de junio. Aún hay una persona de la tercera edad desaparecida. Las autoridades han reconocido que, debido a la tala clandestina, no es posible descartar que otro hecho similar ocurra durante el temporal.

La Profepa desconoce hectáreas afectadas por tala ilegal en Jalisco

Ni la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que, según su propia misión, es la institución encargada de “combatir los focos rojos que atentan contra las riquezas naturales de nuestro país, como la tala clandestina”, sabe cuántas hectáreas han sido afectadas en Jalisco por ese delito.

De acuerdo con información obtenida vía Transparencia, entre 2010 y hasta marzo de 2019 la Procuraduría ambiental tuvo injerencia en 198 denuncias. Y de ellas, en 144 (siete de cada 10) no recibió información sobre las hectáreas de arbolado que resultaron afectadas por la devastación deliberada y clandestina en zonas forestales.

El Artículo 175 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable dice que “cuando la Procuraduría detecte la posible comisión de infracciones a la Ley o el presente Reglamento en flagrancia, levantará un acta circunstanciada”, que incluye el área afectada. Eso no ocurrió en siete de cada 10 casos en la década.

Para aclarar la información, este medio buscó entrevista con la delegación estatal de la Profepa. No se obtuvo respuesta.

“Se encontraron irregularidades, pero no se cuenta con información respecto a las hectáreas (de terreno forestal que han sido afectadas por tala clandestina)” Unidad de Transparencia de Profepa Jalisco, en referencia a  las 144 denuncias en las que no supo la dimensión del daño.

En Jalisco, la tala ilícita se convirtió en un delito prácticamente impune, pues en los seis meses que lleva la administración, la Secretaría de Seguridad del Estado (SS) reporta a 10 personas detenidas y 12 vehículos asegurados en Zapotlán el Grande, Valle de Juárez, Talpa de Allende, Mascota, Cuautitlán de García Barragán, Cocula, Autlán de Navarro, Atenguillo y Puerto Vallarta.  

Pero esto es sólo como resultado de los patrullajes que realiza la Policía estatal por las vías carreteras y zonas rurales de Jalisco, ya que las denuncias de la ciudadanía prácticamente no existen. Según expertos, esto ocurre porque los testigos de la tala ilegal temen represalias por parte del crimen organizado.

El proceso que siguen los uniformados al ver un vehículo cargado con madera es verificar que los conductores cumplan con los requisitos de ley. Es decir, que cuenten con la documentación necesaria para acreditar la legalidad de su carga. Después, con la Profepa, validan los documentos que se les presentan.  

Y si no ocurre así, la madera es asegurada y tanto el conductor como el vehículo son puestos a disposición del Ministerio Público para las investigaciones y el deslinde de responsabilidades.

Fuente: Informador.mx