Con 75 votos en favor, 12 en contra y tres abstenciones, el Pleno del Senado aprobó el proyecto de decreto para sancionar a las personas que, con el fin de obtener un lucro, interrumpan el tránsito de los medios de transporte y la operación de los servicios de peaje.   

La reforma al artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación establece que estas acciones serán castigadas de tres meses a siete años de prisión, así como con multas de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.   

Esta sanción también aplicará para quienes interrumpan la construcción de dichas vías o que total o parcialmente interrumpan o deterioren los demás servicios que operen en las vías generales de comunicación. 

El objetivo, de este proyecto que fue remitido al Ejecutivo Federal, es castigar la práctica reiterada de los actos de bloqueo que ponen en riesgo la vida y los bienes de las personas que transitan por las carreteras de cuota del país y que, de forma recurrente, se han visto afectadas al ser tomadas por diversos grupos. 

Al presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, su presidenta, la senadora Lucía Meza Guzmán dijo que es necesario frenar estas prácticas ilegales que le causan grandes daños al erario. Las vías de comunicación, agregó, son de gran importancia para el flujo comercial, traslado de mercancías y la movilidad de la población. 

Estos bloqueos ponen en riesgo latente la vida, la integridad física y los bienes de las personas que transitan por las carreteras de cuota del país, asentó. Si bien los ciudadanos están en su derecho de manifestarse de forma pacífica, sostuvo, es necesario implementar acciones para evitar que se presenten condutas ilícitas. 

La senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, del PAN, afirmó que esta reforma no busca criminalizar la protesta social, sino evitar que se lucre con dichos bloqueos, los cuales le cuestan al gobierno alrededor de cuatro mil 121 millones de pesos. “No es un boteo, es una actividad criminal que han encontrado algunos personajes”, aseveró. 

A su vez, el senador Emilio Álvarez Icaza, del Grupo Plural, denunció el caso de Kenia Inés, defensora de derechos humanos que lleva 423 días en prisión, detenida injustamente por protestar en una caseta. Por ello, pidió que no se criminalice la protesta social, ya que serán los jueces quienes interpreten si existe lucro o no.  

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