En una misiva dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, organizaciones de la sociedad civil (OSC) lamentaron que el diseño institucional y marco legal que consiguieron durante una lucha de décadas frente a gobiernos poco dispuestos al diálogo con la ciudadanía, y que se constituyeron en prácticas ejemplares para otros países de América Latina y el Caribe, hoy se van cancelando una a una.

Esta situación, advirtieron, debilita la democracia mexicana, por la que debe velar el Estado. Puntualizaron que el cuadro crítico que enfrentan se agravó al final de 2021 con una reforma fiscal que pone en riesgo nuestra sostenibilidad en pro de miles de acciones que tienen una finalidad de interés público y con el cierre del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol).

El saldo, insistieron, es que nos quedamos con una Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil violentada en su cumplimiento, y una institución que dejará de cumplir con su responsabilidad de fomento e interlocución entre las OSC y el gobierno, abandonando su misión de vínculo.

El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, la Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos, el Centro de Estudios Ecuménicos y el Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos, entre otros, pidieron un diálogo político que implique su reconocimiento y con una agenda compartida que nos permita enfrentar la exclusión, la violación a los derechos humanos, así como la asistencia, los cuidados, la discriminación social, de género y la injusticia ambiental.

Las poco más de 30 organizaciones, a nombre de 195, reiteraron sus exigencias para contener el cierre progresivo de los espacios de participación ciudadanos: reconocer y observar la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las OSC; respetar y fortalecer las instituciones de gobierno responsables, con decisiones al más alto nivel, para una efectiva política pública de fomento, particularmente del Indesol, y detener la desacreditación pública de la cual hemos sido objeto.

Asimismo, llaman a trabajar de manera conjunta, respetuosa y garante de la ley; diferenciar, en las medidas y políticas de control, a las organizaciones con malas prácticas y, en su caso, sancionar a quienes las cometen, impulsando acciones de fortalecimiento y protección para la participación efectiva de las OSC.

fuente: La Jornada

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