La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que preside la diputada Karen Castrejón Trujillo (PVEM), organizó el diálogo conjunto “La certificación como herramienta para cuidar nuestros bosques”, con representantes de comunidades forestales, organizaciones de la sociedad civil y el Consejo de Administración Forestal (FSC, por sus siglas en inglés).

El objetivo de la reunión fue señalar ante las legisladoras y los legisladores cómo la certificación del manejo forestal y la cadena de valor de los productos puede mejorar la conservación y gestión de los bosques.

La diputada Castrejón Trujillo explicó que la certificación forestal es un medio para acreditar un manejo adecuado, mejorar la protección de los ecosistemas y facilitar el acceso a mercados nacionales e internacionales.

Expresó que es especialmente relevante tratándose de empresas forestales comunitarias, a fin de detonar el desarrollo regional y local, particularmente de familias que por generaciones se han dedicado a administrar y proteger la riqueza natural del país.

Añadió que también constituye un mecanismo fundamental para garantizar la sostenibilidad, legal procedencia y calidad de los productos y subproductos forestales; evita la clandestinidad y genera un círculo virtuoso de competitividad en el sector.

Refirió que el Poder Legislativo analiza y discute las leyes que rigen la vida del país, “pero pocas veces damos seguimiento a lo que aprobamos aquí, cuya intención frecuentemente se aleja de lo que ocurre en el territorio al momento de su aplicación”.

 Especificó: “El reto es encontrar las herramientas para lograr el equilibrio entre conservación y aprovechamiento de recursos forestales en beneficio de quienes los protegen y trabajan”.

Señaló que en el tema de conservación de los bosques hay grandes retos, como mejorar la seguridad en las partes serranas, la minería y la tala inmoderada, que sólo podrán atenderse en cooperación de la ciudadanía y el trabajo comunitario. “Este encuentro contribuirá no solamente a fortalecer la certificación, sino a que se construyan productos legislativos en la materia más allá de los incentivos fiscales”.

La diputada Melissa Estefanía Vargas Camacho (PRI) mencionó que “el reto de los temas ambientales está en los consumidores”, que sean más educados y responsables de su consumo para que las empresas cambien. Añadió que estos temas se deben abordar desde una línea de trabajo de impacto económico.

El diputado Joaquín Zebadúa Alva (Morena) cuestionó si la solución a estos problemas es menos regulación y más acompañamiento e incentivos. Se pronunció por realizar un análisis para saber cuánto representa en el PIB la producción forestal en México, cuál es el déficit y qué cantidad dejaría de recaudar el gobierno si se dan incentivos fiscales.  

Por el PVEM, la diputada Ana Laura Huerta Valdovinos indicó que la planeación de reforestación en el país debe ser analizada, ya que hay regiones donde falta agua, además de conocer cómo se vincula el FSC con los gobiernos nacionales para garantizar la eficacia de las certificaciones.

También del PVEM, el diputado Luis Edgardo Palacios Díaz reconoció que los pueblos indígenas y los afromexicanos son quienes realizan en su mayoría las actividades de conservación de las zonas boscosas, de ahí la importancia de que estas comunidades sean incorporadas a las certificaciones.

Expertos de FSC

Héctor Andrés Anguiano Cuara, del Consejo Estratégico de FSC, explicó que este organismo internacional impulsa y regula prácticas forestales responsables. Ha adquirido relevancia en México al contar entre sus integrantes con productores forestales, comunidades indígenas, ejidos, organizaciones no gubernamentales, industrias y empresas particulares, por lo que su marca ha tomado más presencia en los mercados.

El director general de FSC Internacional, Kim Carstensen, subrayó que esta herramienta complementa los esfuerzos gubernamentales en el cuidado responsable de bosques, y ha creado estándares globales con el involucramiento de organizaciones de la sociedad civil y el sector privado. Indicó que los incentivos fiscales constituyen una buena forma de complementar los esfuerzos del FSC.

Bruno Rath, director regional de FSC para Latinoamérica, dijo que en México se han certificado 1.3 millones de hectáreas, 186 certificados de transformación de cadena de custodia y más de 50 mil hectáreas certificadas para servicios ecosistémicos. Refirió que es la mejor herramienta en la protección de los bosques y puede jugar un rol activo en las cadenas de valor extractivas de madera y conservación de áreas.

A su vez, Zandra Martínez, presidenta del Consejo Directivo Internacional de FSC, destacó que México es ejemplo mundial de manejo forestal comunitario. Reconoció que aún se enfrentan retos, entre ellos lograr que la sociedad internalice el verdadero valor de los bosques y que, a través del mercado, se valore el trabajo de conservación de las comunidades.

María Luisa Soto, integrante del FSC México, planteó que es necesario fortalecer la certificación desde una perspectiva legislativa. Sugirió que se hagan deducibles de impuestos los costos de los estudios de manejo forestal, certificación responsable y cadena de custodia, así como la inversión en caminos forestales y el pago por servicios ecosistémicos para empresas que patrocinen proyectos de biodiversidad.

Emilio Cruz Sánchez, de “Reforestamos México”, propuso deducir 15 por ciento del ISR a construcciones que usan madera nacional certificada y con Cadena de Custodia, 20 por ciento en mobiliario y equipo de oficina de madera que cuente con etiqueta y certificación de cadena de custodia forestal, y tasa cero por ciento del IVA para la enajenación de bienes silvícolas nacionales certificados provenientes de predios bajo buen manejo forestal.

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