El diputado Ricardo de la Peña Marshall, de Encuentro Social, propuso reformas a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para reconocer jurídicamente a la agricultura familiar como primer paso para dotar de beneficios a las familias rurales que predominantemente se dedican a esta actividad. 

Señala que para los efectos de esta ley se entenderá como agricultura familiar el modo de vida y trabajo agrícola practicado por hombres y mujeres de un mismo núcleo familiar, a través de unidades productivas familiares. Su fruto es destinado al consumo propio o al trueque y comercialización, pudiendo provenir de la recolección, agricultura, silvicultura, pesca, artesanía o servicios, en diversos rubros, tales como el hortícola, frutícola, forestal, apícola, pecuario, industrial rural, pesquero artesanal, acuícola y de agroturismo.

A su vez, establece que la unidad productiva familiar es la unidad de explotación rural dedicada a la agricultura familiar, que depende preponderantemente del trabajo familiar desarrollado sobre determinada área, administrada y operada directamente por los miembros de la familia, quienes residiendo en él o en zona cercana, obtienen de ella su principal fuente de ingreso. 

La iniciativa, turnada a la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, señala que en México gran parte de la población que vive en sitios rurales se mantiene económicamente de la agricultura, lo que forma unidades productivas familiares, donde su principal instrumento de trabajo es la mano de obra de las y los integrantes de la familia. 

“La agricultura familiar es el mayor productor de alimentos fundamentales en una dieta saludable, lo que es importante porque constituye una de las principales formas de garantizar el derecho a la seguridad alimentaria en todos los países del mundo”, destaca.

 Menciona que, a pesar de que a nivel mundial los beneficios de la agricultura familiar se encuentran reconocidos y estudiados, en México aún falta un gran camino para garantizarlos y, con ello, cumplir con compromisos adquiridos internacionalmente. 

Ejemplo de esto son las familias agricultoras que aún enfrentan diversos problemas para elevar su calidad de vida, como la falta de políticas públicas e infraestructura y la omisión de financiamiento

Asimismo, señala, esas familias agricultoras tienen difícil acceso a la tecnología, además de que en su mayoría forman parte de un sector vulnerable o marginado, afectado también por el cambio climático.

La agricultura familiar, añade, es un pilar fundamental para la gestión sostenible de los recursos naturales, ya que las familias protegen el medio ambiente y la biodiversidad; de ahí la relevancia de establecer su definición en la ley.

La iniciativa plantea reformas a las fracciones IV a la XXXIII, recorriéndose las subsecuentes, adiciones a las fracciones XXXIV a la XXXVII, del artículo 3º, así como a los artículos 2º, 5º, 14, 32, 61, 154, 159, 188 y 191 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

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