La diputada Claudia Tello Espinosa (Morena), secretaria de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, presentó una iniciativa de reformas legales para coadyuvar a potenciar la independencia económica de las mujeres rurales.

En un comunicado, informó que su propuesta plantea reformas a los artículos 1, 6, 15, 17 y 24 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para garantizar los principios de igualdad y paridad en las estructuras organizacionales y en las acciones y programas de los gobiernos, así como para potenciar la capacidad de la mujer rural, con la rectoría del Estado, y su gestión en el desarrollo económico. 

“Me corresponde impulsar cambios a las leyes que determine las bases para condiciones de igualdad y paridad en el desarrollo de las organizaciones productivas en las que se visibilice la importancia del trabajo y la aportación de la mujer rural en la economía familiar y comunitaria”, externó. 

Comentó que en el país las características estructurales de la sociedad, la economía y la política permiten reproducir una cultura basada en modelos patriarcales que coloca en un alto grado de vulnerabilidad a la mujer, en particular en el ámbito rural. 

Tello Espinosa señaló que en el ámbito rural la discriminación y explotación de la mujer en el trabajo no remunerado es especialmente denigrante. 

Informó que de los 61.5 millones de mujeres en México, 23 por ciento habita en localidades rurales, donde enfrentan circunstancias de mayor discriminación, violencia y eliminación de sus derechos. 

“Su vida se encuentra condicionada cultural y económicamente a condiciones de supervivencia extremas, con menos posibilidades de autonomía económica y seguridad de su persona”, afirmó. 

Puntualizó que la mujer rural, de manera particular, vive condiciones desfavorables en la valoración y reconocimiento de sus aportaciones a las economías familiares y comunitarias.

Asimismo, aseveró que enfrenta limitaciones legales y sociales, como el acceso a la propiedad comunal, ejidal o privada, lo que constituye un obstáculo para ser sujeto de programas y acciones de las políticas públicas que apoyan el desarrollo del campo, así como participar en las decisiones comunitarias, al no reconocerle su derecho de participar, situación que se agrava en las mujeres indígenas.

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