México depende de las importaciones de alimentos en más del 45 por ciento de lo que consume. Ello, debido “al abandono generalizado y sistemático del campo mexicano” por los gobiernos priístas y panistas, asegura el subsecretario de Alimentación, Suárez CarreraPara revertir este panorama serían necesarios 20 años y una serie de políticas transexenales que trabajen de forma holística, consideran especialistas en sistemas agroalimentarios

A la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en 2018, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) encontró “un país que no produce sus propios alimentos, que depende de la importación de sus alimentos del extranjero” en más del 45 por ciento, explica a Contralínea Víctor Suárez Carrera, subsecretario de Alimentación y Competitividad de la Sader. Agrega que ello se debe a un abandono generalizado del campo mexicano durante los gobiernos priístas y panistas.

Por su parte la investigadora Elena Lazos Chavero, doctora en antropología y socioeconomía del desarrollo, coincide en que “estamos en una dependencia alimentaria muy fuerte sobre todo en el maíz amarillo, de arroz, trigo, leche…” La cual se intensificó en la última década del siglo XX.

“En maíz importamos 33 por ciento de la demanda interna, en arroz 90 por ciento, la leche del 25 al 30 por ciento, el trigo 60 por ciento. Cada vez se importan más productos cárnicos como el cerdo”, informa el ingeniero agrónomo por la Universidad de Chapingo, Víctor Suárez.

El ingeniero explica que los gobiernos priístas y panistas apostaron por la importación de alimentos en vez de producirlos en el país. Recuerda que con la llegada del libre comercio durante el sexenio de Miguel de la Madird –en 1982– fueron retirados todos los apoyos y la promoción de las actividades productivas en el campo bajo el argumento de las llamadas ventajas comparativas, las cuales planteaban exportar alimentos a bajo costo de Estados Unidos y que el país produjera alimentos para la agroexportación.

La política se profundizó en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari con la contrarreforma que atacó el corazón de la Revolución Mexicana: el artículo 27 constitucional, con el que se dio el reparto de la tierra y con el que se lograría brindar de infraestructura y recursos al campo. Con esta acción se propició la privatización del ejido y la comunidad para establecer el mercado de tierras. Y posibilitar una nueva concentración de la tierra en pocas manos agroempresariales.

Una tercera acción que dejó en el abandono al campo nacional fue la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con el capítulo agropecuario, implantando un modelo de alimentación industrializado que ha tratado de sustituir la dieta mexicana, un modelo dictado a nivel internacional. Lo que ha hecho depender a México de varios países latinoamericanos.

Ese sexenio significó la retirada total del Estado en la promoción del campo. El subsecretario Suárez Carrera recuerda que desaparecieron la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), el Banco de Desarrollo Rural (Banrural), Fertimex (Fertilizantes Mexicanos), Productora Nacional de Semillas (Pronase) y demás instituciones, programas y acciones desarrolladas durante el cardenismo hasta la década de 1980. El periodo de Salinas representó el abandono del campo y de la política de producción de alimentos por los productores mexicanos, principalmente de los pequeños y medianos productores. La atención se centró en la agroindustria de gran escala.

Lo que derivó en que no más del 8 por ciento de las unidades de producción de todo el país se volvieron muy rentables y con grandes ganancias, en las que no solamente tuvieron utilidades de la actividad económica fundamentalmente vinculada a la exportación, sino que capturaron el 90 por ciento de los subsidios públicos que canalizaba la Secretaría de Agricultura, expone el funcionario Víctor Suárez.

El sistema neoliberal en México despojó de derechos a los agricultores, campesinos e indígenas para decidir sobre los sistemas agroalimentarios; es decir, atentó contra la soberanía que había florecido en la década de 1970 con el modelo de desarrollo estabilizador en el país. Sumió en la pobreza a 5 millones de pequeñas y medianas unidades de producción. A 2018, 7 millones de zonas rurales carecieran de apoyos y alternativas de vida.

Sobre el término de soberanía alimentaria, la especialista en ecología política de los sistemas agroalimentarios Lazos Chavero explica que éste nace como un concepto político de una exigencia al control y derechos de las decisiones en todo lo que significan los sistemas agroalimentarios, desde su producción, su consumo hasta su desecho. Pone en primer plano la decisión de los agricultores sobre qué cultivar, qué comercializar y lo que hay para su propia seguridad alimentaria. Significa poseer todos los derechos de decisión sobre su territorio.

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