Palacio Legislativo.- La diputada María Eugenia Hernández Pérez (Morena) aseveró que el pasado 19 de mayo el Congreso de Querétaro aprobó una Ley de Aguas “que abre la puerta a la privatización del agua, contraviniendo a la propia Constitución federal, pues se limita el pleno goce del derecho humano fundamental que tenemos todas y todos al agua”.

En conferencia de prensa, acompañada por Clara Tinoco Navarro, del Centro Regional de Capacitación en Cuencas y vocera del Festival Agua Que Corre; Mónica Olvera Molina, de Cántaro Azul, AC; y Nathalie Seguin Tovar, de la Red Mexicana de Acción por el Agua, FanMex, indicó que por ello presentó una proposición con punto de acuerdo ante la Comisión Permanente, en la que señala la “preocupación por la entrada en vigor de una ley que, a todas luces, cierra el paso a que las personas y las comunidades queretanas participen en la gestión integral de este recurso, que es fundamental para la vida y el desarrollo sostenible”.

Indicó que el Congreso de aquella entidad no tomó en cuenta el grado de estrés hídrico del estado, pues si bien la población creció cuatro veces, el área urbana lo hizo 17 veces, debido al desorden urbano generado por la expansión sin control de desarrollos inmobiliarios, industriales y de servicios.

“Con la reforma aprobada se legaliza la privatización del agua para beneficiar este crecimiento desmedido y la sobreexplotación de este recurso hídrico”, aseveró.

Dijo que Querétaro se encuentra entre las entidades federativas con mayor estrés hídrico del país, y al menos la mitad de sus acuíferos están sobreexplotados. De acuerdo con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), es una de las cuatro regiones más críticas por estrés hídrico, y el Servicio Meteorológico Nacional señala que al menos el 85 por ciento de su territorio presenta algún grado de sequía.

Agregó que de acuerdo con información recabada en medios de comunicación locales, tan solo en la ciudad de Querétaro la sociedad civil ha detectado 22 empresas privadas autorizadas para el abastecimiento de agua potable, 16 de éstas con prácticas comerciales asociadas con compañías inmobiliarias cuyos fraccionamientos, desarrollos industriales y centros comerciales son los beneficiarios exclusivos del abastecimiento.

“Vemos con preocupación que esa ley legaliza, a través del otorgamiento de concesiones a particulares, el acaparamiento del agua.

“Hacemos desde aquí, desde la Cámara de Diputados, un extrañamiento al Congreso de aquella entidad federativa por aprobar una reforma que sólo beneficia a unos cuantos”, enfatizó.

La parlamentaria de Morena aseguró que las queretanas y los queretanos están a merced de los intereses de las empresas constructoras y lo único que están provocando es romper con el equilibrio medioambiental, dando continuidad a la sobreexplotación de las cuencas y dejando de lado el compromiso que tenemos todos por garantizar el derecho humano al agua, no sólo para las actuales sino para las futuras generaciones.

“También, expresamos nuestra gran preocupación ante el uso desmedido de la fuerza pública el pasado viernes 10 de junio, y exigimos que la Comisión de Derechos Humanos del Estado y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos intervengan para esclarecer la responsabilidad en la que incurrieron de manera dolosa las fuerzas policiacas de Querétaro.

“Queremos decirles a todas y todos, pero en especial al pueblo organizado de Querétaro que no están solos, que haremos valer nuestra función constitucional y legal, y le exigimos al Gobernador Mauricio Kuri que cese la represión en contra de las personas que ejercen su derecho a la manifestación”.

Por su parte, las activistas manifestaron un pronunciamiento sobre la Ley de Aguas de Querétaro por parte de Redes del Agua, agrupación que reúne a más de 10 organizaciones.

Entre diversos aspectos, condenaron el uso de la fuerza pública, la estigmatización y criminalización ejercidas por parte del gobierno de Querétaro, así como las detenciones arbitrarias y posteriores actos intimidatorios de manifestantes pacíficos que han buscado permanentemente el diálogo, y que éste se les ha sido negado por parte del gobierno encabezado por Mauricio Kuri.

En segundo lugar, “estamos en contra de la forma en cómo se aprobó la ley. Hubo una ausencia total de un proceso participativo, no hubo oportunidad de que los diversos sectores de la sociedad se manifestaran y plantearan sus propuestas. Los ciudadanos y ciudadanas de Querétaro no tuvieron la oportunidad de ser partícipes en la elaboración de una ley sobre un tema fundamental y vital como es el agua. El Congreso del Estado quiso pasar una ley tan importante como esta ‘en lo oscurito´’, con el menor ruido posible, con la menor discusión posible, esperando que la ciudadanía se quedara callada como si de por medio no estuviera la vida misma. Este proceso es evidentemente antidemocrático. Este hecho por sí solo es razón suficiente para dar marcha atrás a esta ley.

En tercer lugar, “estamos en contra del sentido neoliberal en el que se creó la Ley. Esta ley no tiene perspectiva de derechos humanos, el agua es solo un recurso económico sin considerar su importancia social y ambiental cuando es un elemento esencial para la vida. No se protege a las comunidades originarias del estado, no se prioriza el uso y consumo humano del agua, no se fomenta la conservación de la cuenca ni el manejo sustentable del agua subterránea eliminando la posibilidad de asegurar la disponibilidad de ésta, no se establecen límites a las concesionarias, no se busca fortalecer (ni en infraestructura ni en capacidades ) a los organismos operadores públicos de agua que tanto se requieren, ya que, sobre todo, busca dejar en manos del sector privado los servicios de agua, alcantarillado, y saneamiento”.

Dijeron que la ley de Aguas de Querétaro está creada con la finalidad de garantizar que el agua sea un recurso económicamente rentable, que sirva principalmente al desarrollo de los sectores productivos, y que su distribución sea un negocio lucrativo. Esta ley no asegura el uso responsable del agua, no la cuida ni la protege, tampoco garantiza el cumplimiento del derecho humano al agua y mucho menos el derecho al saneamiento.

Asimismo, hicieron un llamado a los legisladores y legisladoras del estado de Querétaro, para que incorporen la diversidad de voces expertas y vuelvan a discutir la ley, para que sea una ley construida a la luz, con un amplio respaldo social, con una perspectiva de derechos, y con la finalidad de garantizar el agua a todas las personas del presente, pero también de generaciones futuras.

También, a la población mexicana en general, para impulsar una Ley General de Aguas, para de esta forma proteger y defender a la población del estado de Querétaro y del resto del país, y para que una ley como la ley de Aguas de Querétaro no vuelva a ser una amenaza para las personas. Queremos una Ley General de Aguas que proteja y fortalezca a los servicios públicos de agua, saneamiento, y alcantarillado, que proteja el derecho humano al agua y al saneamiento, que garantice el agua, saneamiento e higiene a todas las personas de todas las partes de la república.

Una Ley General de Aguas que asegure el acceso asequible y equitativo al agua en las Zonas Metropolitanas de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, que asegure el acceso asequible y equitativo al agua en las ciudades de Querétaro y Aguascalientes, pero también la calidad en estados como Campeche, Guanajuato, Hidalgo, Durango entre otros, así como asegure el acceso el agua el saneamiento y la higiene en todas las comunidades rurales de México, que reconozca y fortalezca la gestión comunitaria del agua, priorizando zonas de alta marginación que se encuentran entre otros estados en Guerrero, Puebla, Oaxaca y Chiapas.

Finalmente, un llamado al Congreso de la Unión para que apruebe una Ley General de Aguas, sin miedos, porque es una ley estratégica, sólo asegurando el ciclo completo se podrá garantizar su sostenibilidad ambiental, social y económica.

“Esta ley debe asegurar no sólo el bienestar de las personas hoy y mañana sino también la economía del país y su sustentabilidad ambiental. Exigimos una Ley General de Aguas que, como lo solicita la reforma al artículo 4° Constitucional, sea un mecanismo efectivo para que el agua se considere como un bien público y no una mercancía, una Ley General de Aguas que sea un instrumento de vanguardia para gestionar el agua en sus fases subterráneas, con sus particularidades en zonas cársticas, como superficiales, donde se proteja el agua de la contaminación, donde se regule firmemente la extracción, para afrontar la creciente falta de disponibilidad hídrica y los retos por el cambio climático, donde prevalezca la noción de los derechos humanos en su interdependencia”.

fuente: Notilegis

Artículo anteriorImparten en FZyE curso para la producción de queso ranchero y panela
Artículo siguienteAumenta 25 por ciento producción de miel en cinco estados, con programa zoosanitario de Agricultura

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.