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Iniciativa de la nueva Ley de FINAGRO:El campo mexicano debe contar con financiamiento adecuado, sin que haya corrupción

En el parlamento abierto para la elaboración de una iniciativa de la nueva Ley de Financiera Nacional Agropecuaria (Finagro), impulsado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputadas y diputados destacaron la necesidad de mejorar las condiciones para que el campo mexicano tenga los recursos y el financiamiento adecuados.

La presidenta de la Comisión, diputada Patricia Terrazas Baca (PAN), expresó que debido a los cambios de gobierno cada seis años se pierde un gran activo: la especialización de quienes participan en las organizaciones afines al tema, y pugnó por eliminar la corrupción.

Participación de diputadas y diputados

El diputado de Morena, Carlos Javier Lamarque Cano aseveró que con la aprobación de esta nueva ley se avanzará por el sendero adecuado y que el campo no vuelva a sufrir la falta de recursos. “Las y los productores nunca pasarán por el martirio que significan los procedimientos engorrosos y que les impide acceder al financiamiento para trabajar su tierra”.

Adriana Lozano Rodríguez, diputada de Encuentro Social, señaló que la situación económica podría golpear al sector agropecuario, a lo cual se suman los serios problemas estructurales por los que atraviesa éste, con la reducción presupuestal de 17 mil 857.9 millones de pesos. Además, en las últimas dos décadas únicamente el 9.9 por ciento de los agricultores han tenido crédito.

El secretario de la Comisión de Ganadería, diputado Juan Francisco Espinoza Eguía (PRI), dijo que para crear la nueva normatividad de la Finagro es preciso considerar que el agro dé la cara por la economía nacional en momentos complejos, y dentro de este proyecto se necesita garantizar crédito a pequeños productores, a zonas de temporal y a mujeres.

El legislador Miguel Acundo González (Encuentro Social), integrante de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, comentó que la nueva ley requiere estar comprometida con la rentabilidad y el desarrollo del sector primario, a través de mecanismos integrales e incluyentes. “Debe ser motor de empleo y riqueza para el sector agropecuario”.

Representantes del agro y especialistas

Carlos Pedraza Balboa, director jurídico de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, expresó que la intención de esta propuesta es crear la Finagro y tener un banco de desarrollo; extinguir los fideicomisos Firco y Focir, así como la participación mayoritaria en Agroasemex a fin de que todas las siembras queden aseguradas.

El asesor jurídico de la Asociación de Jubilados de Banrural, Rogelio Paredes Pérez, dijo que, si bien se diseña una ley importante, “no debemos olvidar” al sector que representa porque “durante años estuvieron prestando servicios en la institución y hoy sus derechos laborales se han restringido”.

Alberto Islas Torres, socio director de Global Leading Solutions, expuso que para formar un banco se necesita dar información al mercado y tener estados financieros, y “al día de hoy no contamos con ellos ni con el balance; no sabemos qué ha pasado con la Financiera Nacional de Desarrollo”. Añadió que es fundamental tener un comité de crédito, auditoría, prácticas y de recursos humanos.

El asesor en mercados financieros de Atik Capital, Samuel Maldonado Zavala, señaló que como banco será difícil bajar las tasas. Agregó que se necesita presentar presupuestos, inversiones, estados de resultados, flujo de efectivo, balance y, sobre todo, calcular el gasto de administración, operación y vigilancia con un porcentaje total.

Alfredo Gómez Aguirre, especialista en Banca de Desarrollo, dijo que la finalidad es realizar todas las operaciones que ejecutan las instituciones de banca múltiple y las que efectuaba Focir y Firco. “Es una gran oportunidad para tener una Sociedad Nacional de Crédito y un Banco de Desarrollo Agropecuario”.

Juan José Bustos Chagolla, presidente de la Asociación Nacional de Fondos de Aseguramiento, consideró importante el apoyo urgente al campo. Comentó que manejar en una sola ventanilla el crédito y el seguro es riesgoso porque se puede crear conflicto de intereses. Agregó que la participación de Agroasemex es central, pero requiere administrarse de forma separada.

Luis Fernando Haro Encinas, director general del Consejo Nacional Agropecuario, aseveró que se necesita centrar el proyecto en la función de una banca de desarrollo que busque el fomento de la actividad agroalimentaria. Refirió que el acceso al crédito para el campo no llega al 10 por ciento comparado con lo que sucede en Estados Unidos.

Axel Frankenberger Méndez, dirigente nacional de Piloncilleros, dijo que ante la emergencia sanitaria habrá más solicitudes de crédito, y que con las tasas que se ofrecen a los agricultores no se puede competir en el extranjero, por lo que sugirió aprobar créditos blandos.

Salvador Aguayo García, secretario general de la Red Nacional de Organizaciones y Empresas Sociales Noresmo, llamó a las y los legisladores a blindar el presupuesto para el campo, específicamente en la Financiera Nacional que, dijo, es una herramienta importante para otorgar financiamientos a los pequeños productores.

Alfredo López Valdovinos, presidente de la Confederación Nacional Agronómica, dijo que la ley no hace referencia explícita al tema del ahorro. Si habrá de operar como banco, requiere abordar de manera clara cómo y en qué condiciones se ahorrará.

Luis García Castillo, secretario técnico de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, comentó que la Financiera tiene un propósito muy importante que es crear verdaderos acreditados y desarrolladores del sector agropecuario. “Reitero que es prioritario obtener una entidad robusta y transparente que beneficie al sector”.

El presidente de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares, José Socorro Jacobo Femat, consideró oportuno construir un sistema crediticio que obedezca los lineamientos de soberanía en materia de inversión y producción de alimentos. También propuso que la nueva ley reconozca el derecho constitucional de los campesinos al crédito, coberturas de precios y seguros agropecuarios.

Hilaria Domínguez Arvizu, ex senadora, dijo que hace falta una institución que sea banca de desarrollo y de crédito, con un marco jurídico especializado que respalde a los pequeños y medianos productores, así como a las organizaciones que lo requieran.

José Antonio Rojo, representante de la Confederación Nacional Campesina, mencionó que se necesita de una Financiera fuerte y sólida que sea la palanca de desarrollo del campo. Refirió que, ante la emergencia sanitaria, el sector agropecuario retoma una función fundamental hacia el impulso de la economía del país.

María Eugenia Rojano Valdez, representante de la Central Campesina Cardenista, dijo que el espíritu de la reforma es reducir la burocracia en el otorgamiento de créditos; sin embargo, aseveró, sus funciones no quedan claras. 

Antonio Jiménez Portillo, representante de la Central Campesina Independiente, advirtió que es responsabilidad del Estado promover el desarrollo rural integral y que el financiamiento debe ser de interés público. 

Mariana González Torres, representante del Congreso Agrario Permanente Nacional, pidió crédito accesible y una banca moderna que garantice el financiamiento para todos, especialmente a pequeños y medianos productores, sin olvidar a los campesinos de temporal.

Samuel Furlong Bojórquez, representante de Red Cooperativa para la Gestión Social Comunitaria AC, resaltó la importancia de que la nueva normatividad incorpore las buenas prácticas, la innovación financiera y la gestión de las bancas de desarrollo. Agregó que hace falta una ley de financiamiento al sector agropecuario.

Gregorio Viramontes Pérez, representante de la Unión Nacional Integradora de Organizaciones Solidarias y Economía Social AC, mencionó que es preocupante dejar de lado la participación de las organizaciones campesinas dentro de los consejos. “Hacer un comité sólo de cuates no ayuda mucho”.

Jaime Castillo Ulloa, representante de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas y Autónomas, AC, llamó a definir qué se quiere hacer: si colocar el crédito y que se vuelva un instrumento al servicio de los campesinos, o ajustar el financiamiento “a como se necesita”, pero no ha habido un acompañamiento ni seguimiento con antelación al producto.

José Durán, representante de Unión Campesina Democrática, externó su inquietud sobre la estructura de la Financiera para que promueva el crédito y no esté en función de la demanda; la participación del sector social y privado; el diseño de los estatutos, reglamentos internos y los lineamientos sobre la operación de crédito, “para que desde el principio sea certera la forma de trabajo”.

Luis Gómez Garay, representantes de Unión General Obrera Campesina y Popular AC, destacó que la Financiera Nacional de Desarrollo debe reestructurarse, afinar estrategias y procedimientos para ser más eficiente, así como aprovechar la experiencia que ha acumulado por décadas.

Marco Antonio Godoy Rodríguez, representante de la Federación de Pueblos Rurales AC, planteó la creación de un banco rural en el que participen todas las actividades económicas del medio rural, como una opción viable hacia el desarrollo de los pequeños productores del sector social.