Una veintena de pueblos de Yucatán escucharon con atención la resolución el pasado 19 de mayo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que suspendió de manera definitiva la megagranja porcícola de la empresa Keken, a favor del pueblo maya de Homún, 55 kilómetros al sureste de Mérida.

En ese pueblo se desarrolló un modesto negocio de turismo ecológico que lleva a los visitantes a un recorrido en mototaxi a los diferentes cenotes abiertos en los terrenos de los campesinos y da empleo a la mitad de sus habitantes. El fundamento del fallo de la SCJN se inclinó a favor del derecho de los niños de Homún al agua limpia y en contra del funcionamiento de un titánico criadero de cerdos contaminante, propiedad de la exportadora de carne porcina más importante del país. Un caso como David contra Goliat.

Aquí el gigante vencido es un consorcio que posee más de 257 granjas porcícolas en esta región del sureste, 43 ellas en zonas de riesgo ambiental y 36 ubicadas en el llamado Anillo de Cenotes (datos de Greenpeace). Sólo en las instalaciones de Homún se producirían –se calcula– 2 millones de kilos de heces al mes, materia orgánica que amenaza con contaminar los mantos acuíferos y los cenotes. Keken forma parte del Grupo Kuo, un gigante industrial con ramas en las industrias de la alimentación, la química y automotriz.

Desde el punto de vista legal, asegura la abogada que representó a los pobladores de Homún, Lourdes Medina, “se sienta un precedente en los juicios en materia ambiental para todo el país, en particular en Yucatán, y crea nuevas posibilidades a favor de los ciudadanos en muchos otros litigios, incluidos los que se han presentado en torno al Tren Maya”.

Kinchil: ¿abejas o cerdos?

Desde la perspectiva de los pueblos mayas y la naturaleza pluricultural de Yucatán, expresa la socióloga Cristina Muñoz Menéndez, dirigente del Equipo Indignación, “se abre la oportunidad de resolver conflictos con perspectiva de pueblo; de que los mayas gestionen sus territorios y rompan esa relación de servidumbre, que viene de la dolorosa experiencia de la hacienda del pasado”.

Kinchil, un pueblo apicultor de no más de 6 mil 500 habitantes al poniente de Yucatán, fue uno de esos lugares donde el fallo de Homún tuvo una resonancia especial, pues los pobladores llevan ya una década padeciendo la contaminación de aguas negras que genera la casa matriz Keken. Aquí no hay cenotes en riesgo de perder sus aguas prístinas, sino que son las poblaciones de abejas melíferas las que han huido, ahuyentadas por lagunas de aguas negras que la empresa desecha impunemente en sus montes.

Kinchil, recuerda el historiador José Koyoc Ku, fue el epicentro de este movimiento, con las demandas que datan de 2010 por la extracción ilegal de material pétreo, tapado de cenotes y desmontes no autorizados. “Las autoridades siempre respondieron con negligencia e inspecciones mal realizadas. Eso siempre pasa cada vez que los pueblos tratan de utilizar los instrumentos legales”.

–¿Y por qué les ilusiona a esos pueblos que se resisten a perder su identidad una resolución de la Corte contra una megagranja porcícola?

–Porque los principios legales que sustentaron este fallo luego de una batalla en tribunales de más de tres años se basaron en los derechos colectivos de los asentamientos mayas. Esa es la novedad, apunta la abogada del Equipo Indignación que llevó el caso de los Guardianes de los Cenotes de Homún.

Por eso, al hacer valer el principio precautorio y reconocer el derecho de los niños –y por ende el pueblo maya– al ambiente sano, cambia la perspectiva para que muchos más tengan acceso a la justicia.PUBLICIDAD

Y otros pueblos, como Chablekal y Kanxoc, en el extremo oriente del estado, ya fronterizo con Quintana Roo, lo han entendido, así que ven esperanzados esta resolución, por razones distintas.

Chablekal, casi desdibujado como localidad, defiende de manera denonada el polígono de Misnebalám, un reducto de monte de no más de 286 hectáreas apetecido por urbanizadores e inmobiliarias que ya se “tragaron” casi todas las tierras ejidales de la localidad.

José Euán Romero, de la Unión de Pobladores en Defensa del Territorio de Chablekal, asegura: “La resolución del máximo tribunal sobre el caso de Homún sienta un precedente para nosotros, en Chablekal (una de las zonas de mayor plusvalía en el municipio meridiano), aunque las situaciones son diferentes. Al reconocer el derecho de toda comunidad a un medio ambiente sano, se reconoce también que la ciudadanía maya tiene derechos de observancia obligada”.

Kanxoc, en el extremo oriente, uno de los últimos reductos de los rebeldes de la Guerra de Castas, exige desde hace años a los tribunales agrarios una suspensión contra la tala ilegal de su bosque maderable y la reunificación del ejido.

Aprovechando una división ilegal de territorio común en dos partes, los taladores se acomodan en los vacíos legales para extraer los abundantes árboles de jabín, tzalam y cedro rojo, de alta demanda en la hotelería de la ya cercana Riviera Maya.

Y como estos pueblos, en muchos otros –San Fernando, Halachó, Chapab, Maxcanú, Kanachen, Paraíso, Huncumá, Sudzal– el fallo de Homún significa una esperanza en pro de conseguir justicia para sus batallas legales por el reconocimiento de sus derechos, infructuosas hasta ahora.

fuente: La Jornada

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