noviembre 28, 2024 - by Jesús Ernesto Nava V. Internacional

La Asociación para el Desimpacto Ambiental de Purines (ADAP) y el sector porcino español, representado por la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino (ANPROGAPOR), la Interprofesional del Porcino de capa blanca (INTERPORC) y Cooperativas Agro-alimentarias de España, junto con el Ayuntamiento de Alcarrás, han remitido un escrito conjunto a los Ministerios de Agricultura y Transición Ecológica, para solicitar la prórroga de dos años de las plantas de cogeneración de purines una vez vencido su periodo de vidal útil de 25 años.

De no lograrse la prórroga, actualmente en tramitación parlamentaria, las plantas de cogeneración Gestora de Purins d’Alcarràs GPA SAT 1395 CAT y les Masies de Voltregá, en proceso de reconversión hacia modelos más eficientes que den soporte a la producción de gases renovables, biogás, biometano e hidrógeno verde, serán las primeras plantas en cerrar, el próximo 31 de diciembre.

Según el comunicado, ambas plantas tratan actualmente en torno a las 200.000 toneladas de purín al año, en una de las comarcas con mayor densidad ganadera de Europa. En los próximos años serán más de 22 las plantas abocadas al cierre, privando al sector de una herramienta esencial para avanzar en sostenibilidad.

Jornada
Durante la Jornada “Nuevo modelo de instalación tipo de purines: una oportunidad para el sector”, celebrada en el día de ayer mañana en Barcelona, Josep Capdevila, presidente de ADAP, destacó el compromiso del sector porcino con los objetivos de sostenibilidad y todos los esfuerzos realizados hasta ahora para seguir creciendo al tiempo que reducen su huella ambiental.

En este sentido, insistió en que, por una cuestión exclusivamente administrativa, la situación normativa actual va a obligar en los próximos años a las 24 plantas que tratan en el Estado español los purines, mediante cogeneración, a parar su actividad debido a que van a dejar de recibir la retribución que les permite ser viables y aportar este servicio medioambiental. Y ha pedido el apoyo del Gobierno a estas plantas, una de las herramientas fundamentales de las que dispone el sector en el proceso de descarbonización y desnitrificación.

A su vez, Julio Artiñano, presidente de COGEN, señaló que de no lograrse la prórroga solicitada “el fin de la vida útil regulatoria, supondrá el cierre de las 24 plantas existentes y con ello la reducción de la capacidad de tratamiento de purines será un 62 % inferior en 2030 y nula en el 2034 lo que afectará especialmente a zonas vulnerables con alta producción como Aragón, Cataluña y Castilla y León, en las que se agravaría un problema ambiental ahora resuelto para el excedente de purines”.

“Para solventar el problema ambiental de los purines se propone implementar un nuevo modelo de instalación tipo que además permitirá reducir los costes de las plantas de tratamiento de purines. El sector porcino has tenido un crecimiento continuado en los últimos 10 años y tiene potencial para seguir creciendo según las tendencias del mercado internacional, y como consecuencia la generación a nivel nacional de purines. Sin embargo, la capacidad de tratamiento disminuye por el fin de la vida útil de las plantas”.

Alternativa
Alberto Martín García, socio de consultoría de energía en PwC España, presentó el estudio con las propuestas para la continuidad de las plantas de tratamiento de purines, un nuevo modelo que consiste en la colaboración de una planta de tratamiento de purines y una planta de biometano, así se resolvería la problemática ambiental y social de los purines, se optimizaría el modelo retributivo y, además, las plantas de biometano solventan su problema con el tratamiento de los nitratos.

La nueva instalación tipo (IT) aportaría una reducción del valor de la Ro de un 20% de media en los próximos años, lo que implicaría una reducción de los costes para el sistema. Además, estas inversiones conllevarían la necesaria extensión de la vida útil regulatoria como solución transitoria para las plantas que cerraran en 2025 y 2026.

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