agosto 27, 2024 - by Jesús Ernesto Nava V. Internacional

Uruguay : Según el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA) en su revista de marzo de 2021, “aproximadamente el 60% de las enfermedades infecciosas y parasitarias que afectan al humano y el 75% de las enfermedades nuevas se originan de los animales”.
Se denominan zoonóticas por su transmisión al humano y ocurre por distintas vías, tales como “el contacto directo con animales infectados” o por vectores. Los investigadores detallan en su informe que “si bien hay numerosas enfermedades zoonóticas, algunas de ellas han captado mayor atención que otras por parte de las instituciones de la salud, los medios de comunicación y la sociedad.

Esto suele estar ligado a la gravedad clínica, la transmisibilidad o la dimensión del impacto económico ocasionado”. La pandemia de COVID-19, las epidemias de gripe a través de las distintas mutaciones que llegan desde los animales a las personas, los casos de dengue autóctonos y de rabia, de leishmaniasis en el litoral junto a la aparición en la región cercana de chikungunya y zika, son ejemplos claros de las zoonosis más conocidas. Varios aspectos influyen en este escenario complejo, común y que genera alarma en la población.

Tal como ocurrió con varias zoonosis ya mencionadas. Sin embargo, los sucesivos gobiernos y también la población es responsable de la prevención, difusión y cumplimiento de la normativa vigente en el país, así como la adopción de conductas responsables. En Uruguay, sólo por nombrar dos factores como la superpoblación canina o los animales sueltos en la vía pública, desmuestran el incumplimiento de la Ley N° 18.471 de “Protección, bienestar y tenencia de animales”.

La ley, que fuera aprobada en 2009 y reglamentada cinco años después, en 2014, promueve el cuidado responsable, sanciona el maltrato y –según el caso– regula o prohíbe la caza, así como actividades productivas. Define las condiciones físicas y sanitarias, la identificación y castración, impide su permanencia en la vía pública y establece la reparación de los daños que el animal pueda provocar a otro o deterioro al medio ambiente.

La iniciativa establece sanciones administrativas, confiscación de los animales, cancelación o suspensión de autorizaciones y la prohibición definitva o temporal para la tenencia de animales. En medio de estas cuestiones, es importante aclarar que ha sido una larga discusión y un reclamo extendido de los activistas incluir el maltrato animal dentro del Código Penal. Pero es un aspecto que requiere una maduración política que, al menos en nuestra sociedad, no se dará en el corto plazo.

La Ley de Urgente Consideración (LUC) creó en 2020 el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA), conformado por distintas representaciones. A lo largo de los últimos años, se han dado una serie de renuncias y polémicas en torno a su conformación, particularmente desde los ámbitos del activismo, los productores y otras agremiaciones que restaron su apoyo a las decisiones institucionales. A estos aspectos, ampliamente informados desde nuestras páginas a medida que se aprobaban decretos presidenciales para instrumentar el contenido de la ley, hay que sumar la necesaria difusión y concientización acerca de los cometidos institucionales del organismo en cuestión.

Así como la ley, propiamente dicha. Porque es obligatorio el chipeado y la castración, además de la requisa de animales de producción –mayormente equinos– que se encuentren sueltos en la vía pública. Sin embargo, hace falta una rápida recorrida por las jornadas de esterilización que llevan adelante distintas organizaciones, para ver la magra respuesta a una resolución poco difundida como obligatoria.

Es decir, no opcional. En cualquier caso, la concientización sobre la necesidad de tener un control de la población canina y felina –aún no visibilizada porque no ataca majadas ni provoca siniestros de tránsito– tiene que estar presente en redes sociales, plataformas y medios de comunicación masiva. No hay otra forma de llegada, cuando prima el desinterés por cuestiones vinculadas a la tenencia y bienestar animal. Al menos hasta que ocurran zoonosis.

Entonces, allí se cargan las pilas de las responsabilidades a otros cuando cada individuo, desde su lugar, es un agente de cambio. Lo que ocurre, para definirlo en pocas líneas, es que las sanciones son administrativas y las decisiones no van más allá de las incautaciones. O como ocurrre con los equinos, luego de un siniestro grave o fatal, no hay marcas ni documentos para no acarrear responsabilidades ulteriores. Recién en agosto comenzó una campaña en escuelas públicas para informar sobre tenencia y bienestar animal. Los talleres, que se extenderán hasta enero, difunden el trabajo del Instituto Nacional de Bienestar Animal, reflexionan en el aula sobre la importancia del cuidado de los animales y de una producción agropecuaria responsable. Y el vocablo “recién” no es a propósito.

A la actual administración le restan seis meses de gobierno y lo que ocurre con esta campaña es muy similar a la actitud del estudiante que se confió durante el año para apretar el acelerar en los últimos meses. Se esforzará, sin dudas, pero es probable que el promedio no le alcance para aprobar esa materia que lo complicó durante todo el año lectivo. Porque la difusión y concientización de los problemas sociales son de largo aliento. Particularmente cuando se apunta a los mayores –y mejores– difusores de las buenas prácticas en los hogares, como son los niños.

Durante el lanzamiento del programa que desplegará el INBA en las escuelas públicas, con la proyección de cortos y talleres lúdicos, el ministro de Ganadería Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, dio en el clavo de la cuestión. “El principal desafío es superar las barreras culturales arraigadas en la sociedad”. Por lo tanto, el sistema educativo formal es el primero –y no el último– espacio de difusión de una campaña que enfoca su mirada en aspectos muchos más profundos, como la convivencia ciudadana, la tolerancia, el respeto por la vida de otros seres, la ética y la prevención de hechos de violencia entre vecinos. Nada más ni nada menos que la tan mentada educación en valores y desarrollo humano-ambiental que necesitan las nuevas generaciones para transformar lo que no pudieron las anteriores.

Fuente: https://www.eltelegrafo.com