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Comisión de Vigilancia analiza proceso de fiscalización de la ASF ante señalamientos en informes de auditoría a la Cuenta Pública 2019

Chihuahua, Chih.-En el marco de las atribuciones que tiene la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, órgano responsable de la vigilancia de la fiscalización superior, y derivado de la presentación de los informes por parte de la Auditoría Superior de la Federación el pasado 20 de febrero de 2021, en dias pasados las y los diputados integrantes de la Junta Directiva de la Comisión acordaron realizar mesas de trabajo para analizar, conjuntamente con el Titular de la Auditoría Superior de la Federación y los Auditores Especiales responsables de las auditorías en sus diferentes ámbitos de responsabilidad, los informes de auditoría a la Cuenta Pública 2019, mismas que iniciaron este lunes 1 de marzo. Asimismo, a través de un comunicado, se informó que atendiendo a la solicitud de legisladores de los distintos grupos parlamentarios que integran la Junta Directiva de la Comisión de Vigilancia, la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación realizará las investigaciones correspondientes conforme a sus facultades y llevará a cabo los procedimientos legales y administrativos que establece el marco legal aplicable, para que llegado el momento se puedan deslindar las responsabilidades a que hubiese lugar, si fuera el caso.

Compartimos algunos de los posicionamiento de los legisladores:

Titulares de ASF y SFP deben ejercer el papel que les corresponde y rendir cuentas: Marcela Torres

La diputada Marcela Torres Peimbert, coordinadora del Grupo Anticorrupción del Grupo Parlamentario del PAN, señaló que la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, y el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares Páramo, deben ejercer el papel que les corresponde y rendir cuentas.

En un comunicado, subrayó que «el auditor debe auditar y la administración federal debe responder a cada inconsistencia señalada”, luego de la presentación del Informe General de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, correspondiente al primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“El informe que incomodó al presidente Andrés Manuel López Obrador, por evidenciar la falta de cálculo, de veracidad y de transparencia en su gobierno sobre el costo de cancelación del proyecto del aeropuerto de Texcoco, debe ser transparentado y explicado», señaló la diputada.

“¿Fue error de metodología de la ASF o los auditores se rindieron ante la presión del Presidente de la República? Cualquiera que sea la respuesta, es imperante poner un alto a la presión ejercida desde Palacio Nacional y dejar que las instituciones hagan su trabajo. No permitiremos que el Presidente se salga con la suya: ‘mandar al diablo a las instituciones’”, sostuvo.

Comentó que el informe evidenció además “el deficiente trabajo que realiza la SFP, ya que de 575 mil funcionarios obligados, tan sólo revisó la evolución patrimonial de 92 (0.02%), y no se implementaron los mecanismos de control necesarios para corroborar siquiera que cumplieran con la presentación de sus declaraciones patrimoniales.

“Además se contrató a seis funcionarios de alto nivel que no contaban con el perfil y experiencia requeridos, peor aún, la dependencia encargada de la prevención y combate a la corrupción se resistió a ser revisada, lo que denota no sólo incongruencia con sus funciones, sino que la pone como responsable del desaseo. ¿A qué le tiene miedo?”.

En la revisión de la Cuenta Pública 2019, refirió, “se determinó que se ejercieron de manera irregular más de 44 mil millones de pesos. Según el informe que, por cierto, parece que el gobierno quisiera quemar, de las 995 auditorías practicadas únicamente en el 25% no se identificó alguna problemática, mientras que en el 63% de las 775 auditorías restantes se encontraron fallas o errores en la gestión administrativa, en 26% hubo incumplimiento de metas u objetivos de fondos, programas o políticas públicas, en 6% se detectó el desvío de recursos por medio de pagos realizados sin contar con los entregables y en 2% desvío de recursos financieros, humanos o materiales para fines no previstos en la normatividad. Es decir, en 79 casos (8%) se acreditó el uso indebido de recursos públicos.

“Ante este cúmulo de inconsistencias que el Presidente y su principal protectora quieren convertir en bola de humo, los diputados del Grupo Anticorrupción no dejaremos que este informe se archive. Respaldaremos y colaboraremos en cualquier medida y decisión dentro del Poder Legislativo para que los responsables de que en este país se rinda cuentas, empiecen por el ejemplo y lo hagan sin sesgos partidistas, por encima de cualquier interés, incomode a quien incomode», argumentó.

“Porque los números deben ser aclarados y los responsables de estas incongruencias traducidas en un engaño a la sociedad, participaremos en las mesas de trabajo con los auditores especiales responsables convocadas en la Cámara de Diputados», anunció.

“Y es que las cifras del informe revelan la gravedad del desaseo de los programas emblemáticos de este gobierno; en el de Jóvenes Construyendo el Futuro se encontró que 760 beneficiarios cobraban dos becas con objetivos distintos, se realizaron pagos a 68 becarios después de haber fallecido y otros 47 trabajaban en la Secretaría de Bienestar como ‘Servidores de la Nación'», puntualizó.

“Asimismo, de los expedientes revisados de una muestra aleatoria, no se pudo localizar alrededor del 80% de los supuestos centros de trabajo, ya que muchos eran casas-habitación o terrenos, y sólo se pudo comprobar la existencia del 20% de los becarios ya que al resto no los pudieron contactar.

“En el caso de los ‘Servidores de la Nación’, además de que no están claras sus funciones, también se detectó que 355 obtuvieron ingresos adicionales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar y 147 recibieron pagos duplicados que no corresponden a sus contratos», abundó.

Refirió que la ASF también detectó un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública federal por 186.7 millones de pesos por irregularidades en el manejo del programa “Atención al Deporte”, a cargo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), como la adjudicación de contratos a modo y «moches» de una empresa a funcionarios públicos.

Sobre la refinería Dos Bocas, dijo, el informe revela irregularidades por más de 17 millones de pesos por sobrecostos en los conceptos de desmonte del terreno y acarreo de desperdicios.

El Grupo Anticorrupción (GAC) está integrado por las y los diputados de Acción Nacional: Marcela Torres, Juan Carlos Romero Hicks, Verónica Sobrado, Éctor Jaime Ramírez Barba, Josefina Salazar, Saraí Núñez, Patricia Terrazas, Jorge Arturo Espadas, Alejandra García Morlan, Gloria Romero, María Eugenia Espinosa, Ernesto Ruffo y Ángeles Ayala.

La ASF y sus funcionarios no tienen derecho a “arrugarse” ante la embestida y presiones del Presidente: Antonio Ortega

El diputado Antonio Ortega Martínez (PRD) advirtió que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y sus funcionarios no tienen derecho a “arrugarse” ante la embestida y presiones del presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, ya que la responsabilidad y el mandato de David Colmenares es con la Cámara de Diputados.

A través de un comunicado calificó de inaceptable el hecho de que la Presidencia de la República pretenda exhibir y ridiculizar, luego de que está presentara Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, donde fueron evidenciadas irregularidades cometidas en el primer año de gobierno, al publicarse que la cancelación del aeropuerto de Texcoco habría costado el triple de lo dicho oficialmente.

Añadió que, ante la observación del Ejecutivo, la Auditoría aceptó que, en efecto, hubo un error y no fueron los 331 mil 966 millones de pesos detectados.

Ortega Martínez aseveró que lo conducente es esperar a que la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Comisión de Vigilancia de la ASF haga la revisión correspondiente respecto a lo analizado en el informe y, después, “aceptar, ajustar o modificar el Informe que tanto ha molestado a López Obrador”.

“Esperemos los resultados finales de la revisión de la Cuenta Pública. Aún falta conocer las observaciones a los programas ‘Jóvenes Construyendo el Futuro’, ‘Sembrando Vida’; los proyectos del Tren Maya; la refinería de Dos Bocas y el Tren Transístmico, sobre los cuales no hay, hasta el momento, reclamos fuertes que sean incluidos en las fallas de las que hacen mofa y tratan de ridiculizar los funcionarios del Ejecutivo”, concluyó.

A su vez, la diputada Frida Alejandra Esparza (PRD) denunció que el Gobierno Federal está utilizando a los becarios del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” como “Servidores de la Nación” y les están enseñando a hacer fraude electoral, derivado del informe de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) sobre el ejercicio fiscal de 2019, presentado a la Cámara de Diputados en días pasados,

La ASF aplicó tres auditorías a “Jóvenes Construyendo el Futuro” en las que detectó irregularidades en el diseño, operación y resultados del programa, las cuales evidenciaron otorgamiento de becas a “Servidores de la Nación”, centros de trabajo “fantasma” y bases de datos poco confiables que repercutieron en el padrón de beneficiarios, señaló en comunicado la legisladora por Zacatecas.

El informe detalló que, en 2019, el programa otorgó un millón 120 mil 543 becas a personas de entre 18 y 29 años, cifra que representó 48.7% de los 2 millones 300 mil jóvenes que integraron la población estimada.

Abundó que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) no validó que se otorgaron “indebidamente” apoyos a 47 becarios por 507 mil 600 pesos que recibieron ingresos y están registrados como “Servidores de la Nación”, quienes son el personal administrativo que auxilia y apoya al gobierno para la implementación de los programas sociales de bienestar y que hoy forman parte de las brigadas de vacunación.

“Hay que revisar bien si es una forma de sustituir el pago como ‘Servidores de la Nación’, pues los están utilizando para hacer campañas y eso, en lugar de generarles un conocimiento técnico sobre algún área o la capacitación para la inserción en el campo laboral, puede estarles enseñando a hacer fraude electoral”, declaró Esparza Márquez.

Demanda Frida Esparza al Gobierno Federal aclarar irregularidades señaladas por la ASF, ante presunto desvío de dinero público en su primer año

La diputada Frida Alejandra Esparza Márquez (PRD) demandó al Gobierno Federal aclarar todas las irregularidades señaladas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su tercera entrega de la Cuenta Pública 2019, ante el presunto desvío de dinero público en su primer año.

Mediante un comunicado, señaló que los presuntos desvíos suman mucho más que la llamada “Estafa Maestra” del anterior sexenio.

La diputada por Zacatecas recordó que en las denuncias presentadas contra Rosario Robles Berlanga, presunta operadora de la llamada “Estafa Maestra”, por la malversación de recursos a su paso por las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en la gestión de Enrique Peña Nieto, los desvíos superan los seis mil millones de pesos.

A su vez, la ASF reportó el ejercicio anómalo de más de 67 mil millones de pesos en 2019, lo que «significa más de 10 veces lo achacado a Robles Berlanga en irregularidades en los años que estuvo al frente de aquellas dependencias».

Esparza Márquez mencionó que las irregularidades detectadas tienen que ver con la operación de programas emblemáticos del gobierno en turno, como “Jóvenes Construyendo el Futuro”, apoyos para adultos mayores y Becas para el Bienestar “Benito Juárez”.

La construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco, el aeropuerto de Santa Lucía en el Estado de México y el Tren Maya en la Península de Yucatán, entre otras obras. Éstas, adicionales a las registradas en la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

De acuerdo con la ASF, se entregaron apoyos a personas fallecidas de ambos programas, «supuestamente se pagaron servicios sin prueba alguna de que realmente se hicieron, hubo otros que aun así se pagaron hasta dos veces y hubo los que claramente no se hicieron, pese a lo cual se pagaron».

Consideró que, al igual que en otros casos en los que presuntamente se privilegia la recuperación de los recursos públicos desviados o sustraídos indebidamente, como la “Estafa Maestra”, se proceda de la misma manera en los programas del actual gobierno.

“Las irregularidades cometidas en el Gobierno Federal, según lo ha informado el titular de la ASF, David Colmenares Páramo, deben ser investigadas y, en su caso, sancionadas hasta sus últimas consecuencias, pero sobre todo también deben recuperarse los miles de millones de pesos que se hayan malversado en los programas y proyectos mencionados, así como en cualquier otro”, expresó.

Como corolario de lo anterior, las aclaraciones deben servir también para determinar si programas electoreros, como el de “Jóvenes Construyendo el Futuro”, y obras faraónicas como el Tren Maya o contaminantes como el de la refinería de Dos Bocas, deben continuar o suspenderse, como lo han reclamado expertos y medioambientalistas.

Por su parte, la diputada Mónica Almeida López (PRD) informó que impulsa una iniciativa de ley para establecer que las recomendaciones emitidas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), planifiquen, mejoren, corrijan o suspendan las políticas públicas en la materia.

En un comunicado dijo que propone reformar la Ley General de Desarrollo Social para lograr que las funciones del organismo constitucional autónomo, trasciendan más allá de metodologías y evaluaciones, y aumenten la eficacia en el combate a la pobreza.

Explicó que lo anterior es para evitar el derroche de dinero y los esfuerzos sin generar un cambio real en la vida de las personas.

“Hoy en día la pobreza se combate a través de discursos y acciones sociales sin sustento, ni evidencia sistematizada, convirtiéndose en un pretexto para generar un asistencialismo clientelar con tintes electorales».

Almeida López enfatizó en la necesidad de incorporar al Coneval como el brazo técnico de la implementación de las políticas públicas en materia de desarrollo social.

Esto permitirá que quienes estén en el poder realicen sus funciones con evidencia, datos oportunos, transparencia y sobre todo efectividad, evitando crear más rezago social e impulsar al máximo el bienestar de la sociedad.

La perredista aseguró que estos mecanismos evitarán que, ante la evidencia, al cambio de administraciones se eliminen programas que han sido benéficos para el país, pero que «por representar el sello de un proyecto político sean borrados de manera definitiva afectando el bienestar de los mexicanos».

“Con esta reforma que esperamos no entre en el congelador legislativo, se pretende impulsar de fondo la calidad de vida de todos en el país, y que no sea una ideología, creencia o intuición, la que guíe las políticas públicas de desarrollo social, sino la evidencia para lograr este progreso”.

El Coneval, consideró Almeida López, representa uno de los eslabones más importantes de la rendición de cuentas, transparencia y progreso, en el desarrollo social, ya que «permite conocer el impacto real de las acciones gubernamentales a través de la evaluación de las políticas públicas».

Debe haber una explicación clara y precisa sobre el origen de los errores que hubo en el reporte de la ASF: Ignacio Mier

 El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, afirmó que en la reunión de trabajo que sostuvieron este lunes los integrantes de la Auditoría Superior de la Federación con la Comisión respectiva de Diputados se debe escuchar y sobre todo cuestionar la forma en que se realizó la recopilación de los datos, y en caso de haber omisiones se sancione a los responsables.

Comentó que ante los hechos que derivaron en esta reunión de trabajo es importante despejar dudas en torno a si hubo o no dolo o intencionalidad política para afectar la imagen del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Debemos ser muy responsables, actuar con base en las atribuciones que tenemos como Cámara de Diputados sobre la Auditoría Superior de la Federación y buscar que este error se subsane, que haya responsabilidad sobre quienes cometieron el error y que esto no manche la imagen de un órgano tan importante como éste”, señaló en un comunicado.

Mier Velazco confió en que la Comisión de Vigilancia de la ASF se tomará el tiempo necesario para entrevistar a los que participaron en este asunto y sacar una conclusión.

Agregó que este asunto merece una atención especial, no solamente resolverlo con la remoción de un funcionario o cambiarlo dentro de la misma institución, sino buscar que este tipo de errores no se vuelvan a repetir ni se afecte la imagen tanto de la ASF como de los gobiernos en turno.

“En las manos de las y los legisladores está el buscar mecanismos que permitan fortalecer el papel de órganos como la Auditoría Superior. Por ello, en la Cámara de Diputados estamos en la mejor disposición de caminar hacia ese objetivo para evitar que haya un debilitamiento que afecte la transparencia y la rendición de cuentas, sobre todo en el manejo de recursos públicos otorgados a través del Presupuesto Federal”, dijo.

Comentó que una vez concluida la reunión de trabajo de los funcionarios de la ASF, al interior de la bancada también harán un análisis sobre el informe entregado y las consideraciones que hubo para integrar la Cuenta Pública 2019, para de esta forma tomar una determinación al respecto.

“El pueblo de México requiere información veraz sobre el uso de los recursos en cada una de las dependencias del Gobierno año con año, tener certeza de que cada peso se gasta bien y en lo necesario para el país; no informes que por alguna situación lleguen a carecer de legitimidad o puedan ser una herramienta utilizada de manera tendenciosa o politiquera”, finalizó.

La ASF evidenció que en el gasto público hay malos manejos y se ejerce con discrecionalidad, corrupción y clientelismo: Jorge Casarrubias

El diputado Jorge Casarrubias Vázquez (PRD) sostuvo que más allá de inconsistencias metodológicas detectadas en la tercera entrega de la Cuenta Pública 2019 con relación al gasto erogado por la cancelación del aeropuerto en Texcoco, la Auditoría Superior de la Federación evidenció que en el gato público hay malos manejos y se ejerce con discrecionalidad, corrupción y clientelismo.

“Con el informe de la ASF conocimos que los proyectos de infraestructura y programas sociales prioritarios del Gobierno actual presentan un alto riesgo de no ser rentables, están mal diseñados, se iniciaron sin contar con todos los permisos ambientales y de factibilidad y acumulan irregularidades en el gasto”. 

“En el Grupo Parlamentario del PRD creemos en la rectoría de la auditoria, creemos en las instituciones, valoramos el trabajo arduo con el que custodia el manejo eficaz, productivo y honesto de los recursos públicos, sobre todo reconociendo que durante dos décadas ha sido una promotora de la transparencia y la rendición de cuentas”.

 En ese sentido, la injerencia política iniciada hace unos días desde Palacio Nacional no sólo embiste la autonomía de la auditoria, sino también las facultades legales de la Cámara de Diputados.

“La Ley de Fiscalización dota a las dependencias con un lapso especifico durante la revisión, lo cual deja de manifiesto que el Ejecutivo ya conocía su mala praxis y no hizo por resarcir o responder en el momento de la confronta”, anotó. 

“También es preciso señalar que se vulneró la competencia de esta Comisión de Vigilancia para poder realizar el análisis de los informes individuales y del Informe General, así como la facultad para solicitar a las comisiones ordinarias de esta Cámara una opinión de los informes, para poder proceder a su dictaminación”.

Hay intención electoral de enfrentar al titular de la ASF con el Ejecutivo Federal, para «sacar raja política de este conflicto»: Alfredo Porras

El diputado Alfredo Porras Domínguez (PT) aseguró que hay una evidente intención electoral de enfrentar al Auditor Superior de la Federación ASF con el Ejecutivo Federal, para «sacar raja política de este conflicto». 

Durante la reunión de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) con el titular de la entidad fiscalizadora, David Colmenares Páramo y diversos funcionarios de la misma, el legislador recalcó el derecho del Presidente de externar su inconformidad por los datos erróneos presentados sobre el costo de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México.

En un comunicado, Porras Domínguez reiteró que lo más sensato es esperar a la investigación correspondiente que corrobore los números correctos; sin embargo, «fue puntual al señalar que dentro de la administración pública hay quienes intentan difamar al gobierno de la Cuarta Transformación (4T) y con ello al primer mandatario, Andrés Manuel López Obrador. 

“Cómo festejaron algunos medios de comunicación que buscan desacreditar al titular del Ejecutivo, pero no podrán porque tenemos un Presidente con mucha calidad moral. Yo opto por esperar la información final y los resultados de las mesas de trabajo para elevar el diálogo”, sostuvo. 

Finalmente, insistió en la responsabilidad del Poder Legislativo en el cuidado del presupuesto y dinero del pueblo de México, y llamó a la ASF brindar más información a la ciudadanía; «la transparencia es lo que nutrirá el trabajo de los diputados y dará a la población la certeza y confianza de lo que se hace con los recursos que aporta».

La ASF, órgano fundamental de la democracia y contrapeso en la vigilancia del uso de los recursos públicos: MC

La Auditoría Superior de la Federación es un órgano fundamental de la democracia mexicana y un contrapeso en la vigilancia del ejercicio de los recursos públicos, afirmó el Grupo Parlamentario de MC. 

Las descalificaciones del Presidente de la República respecto de la información ofrecida por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) están fuera de lugar en un país de instituciones y sólo politizan y entorpecen el proceso de fiscalización, sostuvo la bancada en un comunicado. 

El proceso de fiscalización superior sigue plazos y etapas claramente establecidas en la ley. La Auditoría no puede “retractarse”, como se ha interpretado a partir de un comunicado emitido por ésta.

La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación contempla procedimientos, etapas y plazos para realizar aclaraciones a las auditorías y observaciones que emite la ASF y para solventar las mismas, señaló la diputada Ruth Salinas Reyes (MC), secretaria de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. 

“En Movimiento Ciudadano estamos convencidos de que la Auditoría Superior de la Federación es un órgano fundamental de la democracia mexicana y un contrapeso en la vigilancia del ejercicio de los recursos públicos en todos los órdenes de gobierno; su trabajo ha contribuido a la profesionalización y al mejoramiento de prácticas en todos los sectores de gobierno”, dijo la diputada durante la reunión de la citada comisión con funcionarios de la ASF.

Según documentos entregados a la Cámara de Diputados el pasado 20 de febrero, la Auditoría determinó que el costo total de la cancelación del proyecto de inversión del nuevo aeropuerto de Texcoco, sería de al menos 331 mil 996 millones 517 mil 600 miles de pesos, lo que provocó que distintas voces del Gobierno Federal, incluida la del presidente de la República, denostaran la labor fiscalizadora de la Auditoría alegando “otros datos”. 

Salinas Reyes cuestionó a los auditores sobre las supuestas discrepancias entre la información que entregó la Auditoría el pasado 20 de febrero y el comunicado del 22 del mismo mes por parte del Auditor Especial.

De tratarse de un error por parte de la Auditoría, es sumamente grave que se haya presentado en revisiones anteriores y que los resultados de las Cuentas Públicas anteriores sean inexactos. Por ello, conviene aclarar si éste únicamente se presentó en la revisión de la Cuenta Pública de 2019 y por qué razón varió la metodología utilizada con respecto de las Cuentas anteriores.

La diputada cuestionó también en qué otras estimaciones, dentro de la revisión de la Cuenta Pública 2019, fue utilizada la metodología fallida.

“Hoy más que nunca necesitamos respetar como institución a la Unidad que forma parte de la Cámara de Diputados, y conmino a esta Unidad a que, a partir de esta reunión nos siga nutriendo con la información que requerimos para continuar los trabajos de revisión presentados. Evitemos la polarización y la descalificación en estos momentos donde las instituciones autónomas y fuertes, son necesarias para el progreso de nuestro país”.

Emplaza Josefina Salazar al Presidente a aclarar las observaciones de la ASF por mal uso de recursos públicos

La diputada Josefina Salazar Báez (PAN) emplazó al presidente Andrés Manuel López Obrador a que respete el derecho a la información pública aun cuando ésta no le sea favorable, pero además le exigió que, a la brevedad, presente las solventaciones ante el mal uso de los recursos presupuestales detectado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En un comunicado, recordó que durante la entrega de los resultados de la Cuenta Pública 2019, hace unos días, “nosotros declaramos públicamente que estamos viviendo una época en la que la estabilidad de las instituciones que garantizan la rendición de cuentas se encuentra amenazada. 

“No nos equivocamos, la denostación a la que han sido sujetan diversas instituciones nos dan la razón. Por eso también señalamos que los principios de transparencia y rendición de cuentas deben entenderse y expresarse en los hechos como una responsabilidad compartida entre quienes trabajan en el proceso de auditorías y quienes conforman la administración y los poderes públicos; sin embargo, no se puede garantizar el éxito de ese trabajo cuando una Secretaría tan importante como la Función Pública bloquea la labor fiscalizadora”, apuntó. 

Durante la reunión de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación con funcionarios de la ASF, la legisladora panista hizo un llamado al Presidente para que respete la autonomía de las instituciones y el derecho a la información pública, “aún y cuando ésta no le es favorable a sus intereses”. 

Salazar Báez dijo que las y los legisladoras del PAN no formarán parte de ese intento de buscar cambios en la Auditoría Superior, porque sus datos no coinciden con sus otros datos.

Externó la preocupación de su bancada por los hechos sucedidos la semana pasada, “ya sea por errores metodológicos o por intentos de presión del Presidente de la República.

“Exigimos que se aclarare el tema del aeropuerto de Texcoco, porque independientemente del método de cálculo, el daño por el sobrecosto de cancelación del proyecto es tres veces mayor a los 100 millones de pesos que se tenían programados de inicio o, por lo menos, al 63% mayor como lo reconoce el propio secretario de Hacienda”.

 También pidió aclarar los posibles desvíos de recursos de aquellos proyectos emblemáticos de esta administración, como son la Refinería de Dos Bocas, los programas “Jóvenes Construyendo el Futuro” y “Sembrando Vida”, así como lo que sucede en Pemex y la CFE que, “como se aprecia en los resultados de la Cuenta Pública, registraron desfalcos y pérdidas millonarias a la Hacienda Pública.

“Insistimos, en que bien sea por omisión o por error o bien por presiones desde el Palacio Nacional, los hechos no deben abrir la puerta a que este gobierno continúe ejerciendo con total impunidad y falta de transparencia cualquier otro acto que daña al país”, concluyó.