marzo 11, 2025 - by Victor Manuel Nava V. Nacional

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York (City Bar) llamó a las autoridades mexicanas a respetar la independencia judicial, y expresó su “profunda preocupación” por lo que consideró “la grave amenaza que representan las investigaciones penales abiertas contra los jueces federales, Sergio Santamaría Chamú y María Gabriela Ruiz Márquez”, por haber otorgado suspensiones en contra de la implementación de la reforma judicial.

En un comunicado, la organización afirmó que esas acciones representan una amenaza directa a la independencia judicial y agravan “una preocupante tendencia en la relación entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en México”.

Para el Colegio, “la criminalización de jueces contradice los estándares internacionales sobre independencia judicial, poniendo en riesgo el cumplimiento de México de sus obligaciones internacionales”.

Desde su perspectiva, la posibilidad de que los jueces puedan ser investigados y sancionados por emitir resoluciones en el ejercicio de sus funciones judiciales, socava principios fundamentales del debido proceso y viola los estándares internacionales de independencia judicial.

Ante la grave amenaza que suponen las investigaciones penales en curso contra los jueces federales mexicanos en cuestión, el Colegio de Abogados hace un llamado urgente al Gobierno de México, a la Fiscalía General de la República (FGR), al Consejo de la Judicatura Federal y a todas las autoridades competentes para que cesen de inmediato cualquier forma de criminalización o represalia contra jueces que han desempeñado sus funciones en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y enfatizó: “La utilización del poder penal como herramienta de intimidación vulnera la independencia judicial y mina la confianza en el Estado de derecho”.

También pidió respeto pleno a la autonomía del poder Judicial, asegurando que los jueces puedan ejercer sus funciones sin presiones externas, conforme a los principios establecidos en la Constitución mexicana y en tratados internacionales ratificados por México, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Además, garantías efectivas de protección para los jueces afectados, en particular medidas de seguridad para preservar su integridad física y moral, así como su independencia en el ejercicio de la función judicial.

Adicionalmente pidió cumplimiento de las recomendaciones internacionales sobre la independencia judicial, como las establecidas por la Relatora Especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y garantizar una supervisión cercana por parte de mecanismos internacionales.

La organización hizo notar que la comunidad internacional está observando de cerca las acciones de las autoridades mexicanas en este caso, ya que serán determinantes para evaluar su compromiso con la legalidad, el respeto a las instituciones y la protección de la independencia judicial.

A medida que el sistema judicial de México enfrenta cambios significativos, las autoridades deben garantizar que sus acciones apoyen y refuercen la independencia judicial y el Estado de derecho, en lugar de amenazarlos, abundó.

El colegio también criticó el proceder de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación, al declarar inválidas las suspensiones emitidas por los jueces y ordenar al Comité de Evaluación reanudar el proceso.

En ese sentido subrayó que posteriormente a esa situación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que las suspensiones otorgadas por jueces de distrito en juicios de amparo solo pueden ser confirmadas, modificadas o revocadas por los Tribunales Colegiados o por la propia Suprema Corte, que son las autoridades con competencia constitucional y legal para hacerlo. En consecuencia, dejó claro que la Sala Superior del TEPJF carece de jurisdicción para revisar o anular suspensiones de amparo.

fuente: El Economista