Monterrey, NL., La Comisión Nacional del Agua (Conagua) dará por terminadas 2 mil 689 concesiones, de un total de 12 mil existentes en Nuevo León, que son utilizadas para uso industrial agropecuario y doméstico en exclusivas zonas residenciales, informó el organismo federal.

Los activistas José Múzquiz Zermeño y Raúl Ángel Rubio Cano destacaron que esto es el resultado del esfuerzo conjunto y las demandas de más de 20 colectivos que el pasado 4 de abril acudieron a la delegación estatal de la Conagua para demandar información y acciones concretas sobre el uso del agua concesionada en el estado.

Ambos son integrantes de Piensa Verde Nuevo León y Múzquiz Zermeño es el vocero del conjunto de colectivos, por lo que consideró este anuncio como un logro sin precedente.

“Pensamos que la Conagua tiene todas las facultades para garantizar el abasto de agua para consumo humano, pues cada semana al menos 700 mil usuarios son afectados por los cortes de agua programados para siete sectores en que fue dividida la zona metropolitana y la periferia de Nuevo León”, expuso Múzquiz Zermeño.

Dijo que en opinión de las organizaciones no gubernamentales no hay un reparto equitativo del agua, pues mientras empresas, usuarios agrícolas y ganaderos, lo mismo que privilegiados consumidores domésticos de exclusivas zonas residenciales no carecen del líquido, cientos de colonias populares sí se ven perjudicadas.

Destacó que más de 20 colectivos han insistido en que se dé una solución de fondo al problema de abasto del agua y que sea equitativo, privilegiando la destinada para el consumo humano, como lo establece el Plan Nacional de Desarrollo.

Este miércoles, los activistas acudirán nuevamente a las oficinas de la Conagua para realizar otras peticiones y advertir que estarán vigilantes de que las promesas se cumplan. “Existe un saqueo del agua por parte de pocas familias privilegiadas; no hay reparto equitativo y eso es lo que buscamos, que haya transparencia, justicia social, que se escuchen las peticiones que tenemos, que se sustentan en las leyes”, reprochó.

“La información que nos proporciona la Conagua es buena, como la terminación de las concesiones; aunque existen 12 mil en la entidad, se van a terminar 2 mil 689, es un hecho histórico, inédito.”

Recordó que el 11 de agosto pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo de la Secretaría del Medio Ambiente con Recursos Naturales con la Conagua, que es un órgano descentralizado de esa dependencia, el cual “dice que el agua es prioridad y que se debe asegurar el abasto para los humanos.

“También señala que se puede limitar el volumen de los derechos que tienen los concesionarios, y nuestra pregunta es: ¿a quién se la han limitado? Les vamos a pedir que nos indiquen a quién se le han limitado los volúmenes.”

Por otra parte, la Conagua informó que de febrero a la fecha ha clausurado 23 pozos profundos irregulares ubicados en distintos municipios de Nuevo León, con el propósito de atenuar la sobrexplotación de los acuíferos y mitigar los efectos de la crisis hídrica que padece el estado.

Agregó que en las operaciones se ha decomisado equipo de perforación. De acuerdo con la Ley de Aguas Nacionales, las sanciones por este delito implican la clausura de los aprovechamientos o el cierre de los veneros, multas y hasta denuncias ante la Fiscalía General de la República.

La dependencia encabezada por Blanca Elena Jiménez dio a conocer que desde febrero, por conducto de su Organismo de Cuenca Río Bravo (OCRB), fortaleció las inspecciones para detectar aprovechamientos de agua ilegales, ante la escasez del recurso en la entidad.

No obstante, el organismo no precisó en el comunicado que emitió al respecto en qué municipios nuevoleoneses se realizaron las clausuras de los 23 pozos profundos y tampoco si se sancionó a los responsables de la explotación ilegal.

Luis Carlos Alatorre Cejudo, titular del OCRB, explicó que los trabajos de supervisión se redoblaron a raíz de denuncias ciudadanas.

Advirtió que se continuarán ejerciendo actos de autoridad para aplicar las sanciones correspondientes a quienes perforen veneros sin un título de concesión otorgado por la autoridad.

Las multas por este ilícito, según la Ley de Aguas Nacionales oscilan entre mil 950 y 26 mil unidades de medida y actualización.

El pasado 4 de abril, ante la crisis hídrica que vive la zona metropolitana de Monterrey, ciudadanos y miembros de 21 organizaciones no gubernamentales exigieron a la Conagua no otorgar ni renovar o extender concesiones de agua en zonas urbanizadas o urbanizables.

Pidieron auditorías a concesiones de pozos a particulares y obligarlos a conectarse a la red de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey para que paguen el consumo que realizan, pues muchos utilizan el recurso con fines de lucro.

fuente: La Jornada

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