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Se sancionará a quien elabore y comercialice con plaguicidas ilegales o falsificados

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El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 359 votos, el dictamen que reforma el artículo 456 Bis de la Ley General de Salud, a fin de imponer una pena de uno a ocho años de prisión y multa de cien a dos mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), a quien elabore y comercialice plaguicidas ilegales o falsificados.

El documento, enviado al Senado para sus efectos constitucionales, especifica que se sancionará a quien elabore, introduzca, transporte, distribuya, comercialice, almacene, posea, deseche o, en general, realice actos con plaguicidas o nutrientes vegetales, sustancias peligrosas o sustancias tóxicas ilegales, ya sea física o químicamente.

Ante la importancia de su utilización, en el sector agrícola de estos productos se mantiene un estricto control de los fertilizantes o plaguicidas, los cuales son sometidos a aproximadamente 11.3 años de estudios y pruebas exhaustivas, con el propósito de garantizar su sustentabilidad, la máxima protección y control de plagas por hectárea sembrada.

Sin embargo, a pesar de los rigurosos procesos de validación, los agricultores se enfrentan al comercio ilegal, consistente en la venta y usos de productos falsificados, adulterados, sin registro, obsoletos o prohibidos.

Esto atenta principalmente contra la salud, tanto los que los ocupan y manejan como aquellos que consumen los productos finales, causando daños incalculables en todos los niveles de la cadena productiva, subraya.

Dentro de los posibles riesgos se encuentran desde leves irritaciones en la piel hasta trastornos sanguíneos y nerviosos; cambios genéticos, insuficiencia respiratoria o tisular, incluso coma y muerte, debido a la presencia activa de químicos mal manejados o caducos”, explicó.

El dictamen refiere que el sector agrícola hace uso de instrumentos que le permiten mejorar la calidad y productividad de su cultivos, tales como plaguicidas, fertilizantes, bonos, semillas y material de propagación vegetal, así como productos y agentes biológicos para el control de plagas, entre otros.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), sin el uso de estos bienes para la protección de cultivos, la producción de alimentos caería aproximadamente en un 40 por ciento, debido a la presencia de constantes problemas biológicos.

Desde su curul, la diputada Evelyng Soraya Flores Carranza (PVEM) consideró fundamental la aprobación del dictamen, pues el comercio ilegal de estos agroquímicos atenta principalmente contra la salud, tanto de quienes los utilizan como de los que consumimos estos productos agrícolas.

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