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En peligro de desalojo ejidatarios de Patria Nueva por errores de la entonces Secretaría de la Reforma Agraria hoy SEDATU, ya toma cartas en el asunto: UCD

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El pasado lunes 9 de septiembre la Unión Campesina Democrática (UCD) convoco al cierre de las oficinas de la SEDATU en Chihuahua porque se dio la alerta de un posible desalojo de integrantes de esta organización pertenecientes al Ejido Patria Nueva, el cual está ubicado en el municipio de Chihuahua por la carretera que va rumbo a Májala, 5 kilómetros de la cinta asfáltica más 2 de terracería, donde anteriormente estaba el casco de la ex hacienda El Tanque, nos informa Jesús Emiliano García Líder de UCD.

Agrega, “Hemos estado buscando información en el expediente para ver hasta donde es cierta esta noticia y resultó cierto, porque el abogado que desde hace muchos años, que se entregó la tierra de manera precaria, siendo un decomiso de un narco predio que se realizó en los 80s la PGR y se le fue entregado a un grupo de solicitantes a quienes se les dio esa tierra de manera precaria, incluso fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y en el del estado, formalizando esta entrega, creo derechos a los 25 solicitantes de tierras y desde entonces la ley ha tenido problemas para hacer este tipo de entregas ya que pueden recuperar la propiedad sus dueños primeros y es ese el problema en el que nos vemos metidos actualmente”, dice.

Desde el 89 se dio posesión de este predio de 300 hectáreas, pero en 2012 lo recupero la anterior dueña, a la fecha son más de 120 posesionarios porque han estado fraccionando para darle a los hijo de los 25 derechosos originales, entonces si hay una orden desalojo está latente un enfrentamiento fuerte por eso se anunció la toma de la SEDATU, informándole al Delegado Federal Juan Carlos Loera y el domingo pasado se comunicó para decirles que les iba a atender la Directora Nacional de Concertación Agraria de la SEDATU Patricia Macías, ella ya había dicho que este caso no calificaba para el Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural (COSOMER) para el que consiguió el Congreso una bolsa de 400 millones para resolver estos conflictos errores que fueran cometidos en aquel tiempo por la Reforma Agraria.

“Ahorita, si no responde la SEDATU están los compañeros condenados a devolver ese terreno, pero hay jóvenes que nacieron ahí y solamente queda una negociación que establezca la SEDATU con el particular, nosotros no tenemos ahí responsabilidad, es el Gobierno, afortunadamente hay comunicación ya con México y encontramos voluntad quedando en venir en menos de 15 días a verificar el asunto, un requisito para acceder al programa es que estén los derechosos originales pero en 30 años la mayoría tal vez ya falleció”, finaliza.

Jesús Nava Macías