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El desarrollo de comunidades indígenas y campesinas debe ser consultado y no imponer programas exógenos

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En el marco del segundo día del Tercer Foro Campesino en la Universidad Autónoma Chapingo, Pedro Ponce Javana, Subdirector de Servicio y Extensión de esta casa de estudios, afirmó que ejidatarios e indígenas “quieren que los pueblos sean tomados en cuenta para generar su propio desarrollo, no es con modelos importados y fracasados. Además, rechazó la instalación de mineras y otras industrias en territorio indígena, pues a los dueños de la tierra los hacen peones”.
Ante decenas de indígenas de Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Morelos, entre otros, el académico enfatizó “no quiero que transformen a mi pueblo, quiero que transformen mi pueblo a partir de mis sentimientos, de mis necesidades, de mis preocupaciones, de mis recursos naturales. No quiero el desarrollo con base a programas de desarrollo exógeno que ya se aprobó afuera y que impone los programas y los proyectos, pues esos modelos ya fracasaron”.
Lanzó una convocatoria a todas las organizaciones campesinas e indígenas a conformar un frente en defensa del territorio, pues aseguró que sólo con la unidad de las organizaciones campesinas será posible contar con una ley que garantizarse la Consulta Libre e Informada de los Pueblos y Comunidades Indígenas o de lo contrario esta población no pasará de ser “intendente o limpiador de baños en aeropuertos”.

Es momento, dijo, de saber enfrentar los nuevos proyectos de las trasnacionales ante una realidad que ha mostrado que los modelos de desarrollo impuestos ya fracasaron y que en los pueblos originarios debe impulsarse el bien común y la distribución de la riqueza de manera equitativa.
Durante la ponencia denominada “Defensa del Territorio Rural, el académico indicó que la defensa del territorio se puede dar a través de una Consulta, al interior del territorio o a través del intercambio de experiencias sobre el cuidado de poblados y comunidades en zonas de gran interés para las trasnacionales como son los casos de la minería, las petroleras, las termoeléctricas, etc.
Pero esta defensa, dijo, reclama unidad y ahí el Subdirector de Extensión y Servicio de la Universidad Autónoma Chapingo aseguró que esta institución está lista para dicha acción pero cuestionó el papel de las organizaciones campesinas pues “hay organizaciones que se sienten mucho, otras que tienen número en cuanto afiliados pero también hay otras que tienen ideales, pero el problema es quién liderea el  rumbo hacia al 2018 ante el embate que, en el tema ya citado, hace el Estado y la Iniciativa Privada.
Ante ello, hizo un llamado a crear un Frente de Defensa en la materia que lidere estas demandas de consulta a las comunidades rurales para evitar la imposición de proyectos económicos que a larga tendrán impactos económicos, laborales, culturales, ambientales y hasta de salud.
Luego de asegurar que al concluir el Foro saldrá un documento final que será presentado a los Poderes de la Unión para generar políticas públicas viables, reiteró la pluralidad de la Universidad Autónoma Chapingo pero comentó que la institución está preocupada por las necesidades del país.
De ahí que, agregó, este “Foro no es otro evento de academia más ya que se busca interactuar con la comunidad toda vez que no podemos quedarnos en los libros, en las libretas y en la teoría, hay que bajar a la problemática real con las bases campesinas”.
Sin embargo, dejó en claro que aun cuando el Rector José Sergio Barrales Domínguez ha hecho propuestas de política pública de carácter fuerte, “si no encontramos el apoyo y la relación con las comunidad, la Feria será  un mercado, una vendimia y, en futuras ocasiones, será un adiós a la Feria y un adiós a la universidad.
Por su parte, los ocho ponentes participantes en este encuentro, hablaron de la realidad que se vive en el medio rural donde por la defensa del territorio y los recursos naturales, cientos de pueblos y comunidades son reprimidos y amenazados por quienes tienen el poder político y económico para instalar sus proyectos de muerte.
Al respecto, Leonel Guadalupe Rivero, del Frente del Pueblo en Defensa de la Tierra e integrante de la CNPA MN, habló de que existe una propuesta social, emanada del medio rural para impulsar una Ley General de Consulta Previa, Libre e Informada que evite la corrupción hacia los Pueblos Indígenas.
Indicó que es necesaria la consulta porque en el país no existe tal lo que pone en indefensión a más de 50 etnias en el país y muchas lenguas originarias ya que debería existir un protocolo de consulta para cada pueblo.
Aceptó que en Durango, San Luis Potosí y Oaxaca,  se tiene derecho a la consulta pero esta no es eficaz ya que entre otras cosas urge un ente autónomo que se encargue del procedimiento de Consulta porque la CDI es un ente gubernamental.
La propuesta, detalló, cuenta con 62 artículos y 9 títulos, todo concordante al convenio 169 de la OIT que México no ha ratificado cuando es necesario el respeto a los pueblos indígenas para aprobar proyectos en territorios que afecten medio ambiente, usos y costumbres ya que si una consulta no es bilateral, está va destinada al fracaso.
Por su parte, el investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Joaquín Flores, quien también es miembro de la  Universidad de los Pueblos del Sur del estado de Guerrero, habló de los embates a las comunidades en donde la disputa por el territorio es lo que más daña a sociedades rurales.
Recordó que actualmente las comunidades que defienden bosques, cerros o pantanos, lo hacen con dignidad, de ahí la importancia de los policías comunitarios.
Para Hugo Larios, académico de la Universidad Autónoma Chapingo, Texcoco es un claro ejemplo de la defensa del territorio y es que las cifras hablan por sí mismas pues del año 2000 al 2010 este municipio incrementó sus servicios como agua y luz en más de 73 hectáreas sin contar las 92 hectáreas correspondientes a minas.
Aunado a lo anterior habrá que sumar el nuevo escenario con la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México y el cual ya tiene un impacto ambiental, económico y social como es el congestionamiento vial, la contaminación atmosférica y los  desechos que están llegando a las minas.
En tanto, en este encuentro se detalló que una mina dura de 10 a 20 años y las leyes mundiales indican que se debe avisar a la comunidad cuando se vaya a cerrar pero en México ese precepto no aplica pues el 40 por ciento del territorio nacional está concesionado a la minería por más de  50 años y principalmente son de oro y plata para darles valor agregado ya sea para atender el cáncer en el primer caso; o para producir celulares, en el segundo caso.
Asimismo, en este encuentro se habló de la defensa del territorio que se realiza en Guerrero en donde el trabajo comunitario ha llevado a la constitución de más de 2 mil policías comunitarios.
fuente: CODICS

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