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Defensores del agro mexicano atados de manos

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José Jacobo Femat, presidente de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares, asegura que en este sexenio la Procuraduría Agraria se quedó corta al defender derechos de campesinos. Confía en que el próximo gobierno, que encabezará AMLO, fortalezca a la dependencia que vela por las garantías del gremio.

Durante la actual administración, la Procuraduría Agraria (PA) estuvo acotada y sin fuerza para proteger los derechos de los hombres y mujeres del campo, consideraron dirigentes de organizaciones campesinas.

De ahí que el próximo gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador debe fortalecer y dar autonomía a la principal defensora de los derechos agrarios.

Creada en 1992, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el propósito de la Procuraduría Agraria es proteger los derechos de las mujeres y hombres del campo, con expedita procuración de justicia, garantizando la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra.

Conciliación y certeza jurídica, de acuerdo con la Sedatu, son los objetivos de la PA, en un país donde el 52 por ciento del  territorio nacional es propiedad social, esto es, se encuentra en manos de ejidatarios y comuneros.

Sin embargo, no tuvo un adecuado desempeño ni contó con los recursos suficientes, que para este año fueron 918.9 millones de pesos de presupuesto.

José S. Jacobo Femat, presidente de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (Cocyp), dijo en entrevista con Crónica que el hecho de que la mayoría de las delegaciones de la PA fueran entregadas como una concesión a los gobernadores y a los partidos políticos, hizo que se designara como delegados a gente que desconocía la labor y  la función pública que la Procuraduría tiene para el sector productivo.

Ante las llamadas reformas estructurales, añadió Jacobo Femat, se atentó contra el interés de las comunidades, ya que las empresas mineras, petroleras y gaseras que se están instalando en el país “lo que han hecho es corromper los ejidos, sin el auxilio de la Procuraduría porque no ha tenido capacidad para educar, capacitar, orientar y defender jurídicamente los derechos de los sujetos agrarios”.

A la PA, enfatizó el dirigente de la Cocyp, le ha faltado autonomía, recurso económico y poder de decisión en la integración de las delegaciones estatales.

“Hay que darle fuerza jurídica para que pueda actuar en defensa de los sujetos agrarios; darle la oportunidad de hacer la defensa legal, de tener un cuerpo de abogados que puedan participar de la defensa jurídica cuando hay procesos de despojo o de enajenación ilegal, como los que se han cometido en contra de los núcleos agrarios o de los propietarios privados”, expresó.

Enfatizó que la PA se debe fortalecer ya que se avecina un periodo de reconstrucción del tejido social en el campo, donde  jugará un papel fundamental en la defensa de los derechos jurídicos de la población.

Del procurador agrario Cruz López, quien encabeza la PA desde el 7 de diciembre de 2012 y fue dirigente de la priista Confederación Nacional Campesina (CNC), que ha sido considerada la más grande organización campesina del país, Jacobo Femat dijo que “hizo el mejor esfuerzo”, pero quedó al margen.

“Buscó el cambio de delegados que actuaban en contra de los sujetos agrarios, particularmente en Chiapas, Veracruz, Estado de México, donde los procuradores se pusieron al servicio de las empresas que estaban invirtiendo en carreteras, en la apropiación de mantos de agua, en territorios con recursos ambientales importantes que pertenecen a las comunidades indígenas o a los ejidos.

“Pero el hecho de que estas delegaciones estatales estuvieran en manos de grupos de políticos no le permitió (a Cruz López) tener un papel relevante, como se esperaba”, expresó.

El Procurador Agrario, enfatizó Jacobo Femat, no tuvo el apoyo de la titular de la Sedatu, Rosario Robles, ni del Registro Agrario Nacional (RAN) con el que debió hacer dupla en la protección de los derechos agrarios y la certeza jurídica, ni tuvo los recursos suficientes para mantener un cuerpo de abogados que pudiera enfrentar los despojos y abusos de las empresas privadas.

Desde el inicio de la administración y hasta hace dos años, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) había resuelto unos 190 conflictos agrarios y regularizado 95 mil hectáreas en todo el país.

En 2016 la Sedatu solucionó 67 conflictos agrarios, que involucraban 28 mil familias campesinas de los estados de Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Chihuahua, Puebla y Jalisco.

Pero, de acuerdo con Juan Pablo Rojas Pérez, presidente de la Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de México (CNPAMM), desde hace años la Procuraduría Agraria no ejerce su función adecuadamente.

“No está funcionado como debe de ser, ya venía desarticulándose desde antes de esta administración; lo que debe de ser una organización con orden para todo el sector, sólo se aboca a atender temas de propiedad, de legalización de tenencia de la tierra, pero ése no es el ámbito nada más de la Procuraduría.

“Además, las acciones que emprende en algún momento se duplican con otras instituciones, como la Sagarpa o Conagua”, expresó Rojas Pérez.

Ante ello, propuso el líder de la CNPAMM, la próxima administración federal debe eliminar de la Procuraduría Agraria los cotos de poder que tienen los delegados federales; debe  acortar los procesos de entrega de documentos legales a los beneficiarios o propietarios y debe hacer sinergia entre las ramas de producción.

Consideró que la Procuraduría Agraria  no debe estar restringida a sólo atender temas de propiedad de la tierra, sino que debe coadyuvar para que todo el sector agropecuario tenga un orden y sea atendido de manera integral, ya que es fundamental en la resolución de conflictos.

fuente: Cronica