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Censos reales de campesinos y organizaciones agrícolas para evitar desvío de subsidios y garantizar su uso transparente

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La Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, presidida por el diputado Germán Escobar Manjarrez, inició el análisis para reformar la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a fin de dar certeza jurídica a los pequeños campesinos mediante un censo real por rama productiva y garantizar que los subsidios no se desvíen y los reciban quienes los necesitan.

Este padrón de productores coadyuvará a ubicarlos y organizarlos para que accedan a la capacitación, a los créditos y la comercialización, y contribuyan a aumentar la producción de alimentos y productos básicos y estratégicos en el marco del desarrollo rural sustentable, afirmó Escobar Manjarrez.

“Conocer a los campesinos y organizaciones alentará una más fácil y correcta aplicación de los recursos”, aseguró.

La propuesta, presentada por el diputado Francisco Javier Santillán Oceguera, reforma los artículos 143, 145 y 148 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, con el objetivo de censar a nivel nacional a los campesinos y las agrupaciones por alimento o rama de producción. “Eso contribuirá a defender y apoyar con eficacia a los hombres del campo a nivel económico y social, mediante la rendición de cuentas y transparencia en el manejo de los recursos”, señala.

Esta iniciativa, que será dictaminada por la comisión, busca que los subsidios otorgados por el gobierno federal a las asociaciones agrarias se sujeten a la regulación dictada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

El documento establece “la responsabilidad gubernamental para promover y fomentar que las asociaciones campesinas se normen y tengan el reconocimiento y regulación del Estado, a través de disposiciones legales que definan sus actividades, con el objetivo de garantizar la representatividad, democratización, transparencia y rendición de cuentas”.

Sostiene que los productores podrán seguirse asociando libremente, pero el gobierno federal deberá garantizar que los recursos que la sociedad pone a disposición de las organizaciones agrarias se utilicen con total responsabilidad y eficacia.

El diputado del PVEM, Omar Noé Bernardino Vargas, se pronunció por que se utilicen bien los recursos del pueblo ante un presupuesto austero y se vigile con mayor precisión. “Ha existido por mucho tiempo un cuello de botella para acceder a los recursos públicos etiquetados para pequeños productores”, sostuvo.

“A veces las organizaciones lucran con la necesidad de la gente; hay agrupaciones patito que se han convertido en mercenarias y negocian hasta el 50 por ciento como moche por gestionar un apoyo crediticio. A eso se dedican y hay que decirlo con toda claridad; presionan al presidente municipal, al gobernador del estado o al funcionario de la dependencia federal para ver cuánto pueden sacar”, aseguró.

La iniciativa obligaría a las organizaciones a transparentar los recursos de los programas agrarios. Ayudará, asimismo, a tener un padrón de afiliados en cada una de estas organizaciones registradas, con el propósito de transparentar los recursos y no duplicar los beneficios, además de “no permitir que las agrupaciones campesinas utilicen a sus agremiados como clientelismo electoral”.

Propuso que los legisladores se reúnan con los secretarios de la Sagarpa en los diferentes estados de la República, para diseñar una estrategia que transparente los fondos etiquetados para el agro, y evitar que se utilicen con fines electorales.

De Morena, el legislador Miguel Alva y Alva denunció que funcionarios de la Sagarpa, en Veracruz, piden hasta el 40 por ciento del subsidio otorgado a un proyecto, para que los productores accedan a los apoyos financieros. Refirió la existencia de organizaciones agrarias “patito” que obstaculizan la distribución de los recursos.

Reconoció que en el sector agrario hay avances, pero son los menos, por lo que debe fortalecerse la transparencia y rendición de cuentas en el manejo del dinero, el cual debe vigilarse. Solicitó mayor tiempo para evaluar la propuesta legislativa y definir una posición.

Del PRI, el diputado José Hugo Cabrera Ruiz resaltó el compromiso de apoyar a los pequeños productores del campo. Esta reforma, estimó, es un instrumento idóneo, a fin de fomentar su competitividad, ya que no tienen igualdad de condiciones que las agroindustrias.

Así, enfatizó, se logrará mayor regulación y control en las actividades de las agrupaciones agrarias, sin que signifique injerencia, porque “sí se ha abusado cuando tres o cuatro productores, avalados por una organización, cierran oficinas y carreteras, simplemente para llevar agua a su molino, sin un propósito de productividad”, afirmó.

Indicó que los diputados son responsables de la fiscalización del uso adecuado de los recursos y no sólo de la aprobación del presupuesto federal, el cual, para 2017, plantea un nuevo panorama para los productores sociales y las dependencias que exige la optimización en la aplicación de los fondos.

El diputado perredista Felipe Reyes Álvarez resaltó la importancia de fortalecer las acciones para transparentar el uso del dinero público. Cuestionó la competencia de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego para dictaminar la iniciativa y refirió la necesidad de analizar la propuesta con rigor.

Por Movimiento Ciudadano, el legislador Moisés Guerra Mota sostuvo que muchos apoyos agrarios siguen usándose con fines electorales, distribuyéndose a amistades durante las campañas proselitistas.

Acusó que “en las organizaciones no hay transparencia, ni rendición de cuentas, ni tampoco democracia; no existe eso en la práctica, sólo en el papel”. Pidió unir esfuerzos para que se vigile el uso de fondos.

La legisladora panista Mariana Arámbula Meléndez se pronunció por un trabajo colegiado entre los diputados y las dependencias del sector agrario, para que “los recursos que tanto peleamos en la negociación del presupuesto, se ejerzan con claridad y se entreguen con oportunidad; haya equidad y el mismo piso parejo para todos, más allá de posturas partidistas”.

Propuso que la instancia legislativa se convierta en un filtro para atender y solucionar los problemas de las diversas ramas productivas, que aliente la rendición de cuentas.

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