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Aprueban diputados reforma a Ley Agraria para brindar certeza jurídica a posesionarios

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La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular, con 364 votos a favor, dos en contra y 30 abstenciones, el dictamen que reforma el artículo 135 de la Ley Agraria, cuyo objetivo es promover la protección de los derechos de los posesionarios en ejidos y comunidades por parte de la Procuraduría Agraria.

Al fijar el posicionamiento de su grupo parlamentario, el diputado Óscar García Barrón (PRI), impulsor de la iniciativa, señaló que la Ley Agraria en su artículo 135 reconoce como sujetos de derecho a los ejidatarios comuneros, sucesores de los mismos ejidos, comunidades, pequeños propietarios, avecinados y jornaleros agrícolas, por tanto, cuentan con la defensoría de dicha procuraduría.

Sin embargo y pese a que en el reglamento interior de la misma Procuraduría se contempla a los posesionarios, que de alguna manera llevan a cabo actos de uso y goce de bienes en los ejidos o comunidades sin ser propietarios, pero reconocidos por una asamblea o un Tribunal Unitario Agrario competente, carecen de la protección de sus derechos, dadas las contradicciones en la normatividad agraria vigente.

Por ello, dijo, se hace necesaria la regularización, ya que aproximadamente un millón 500 mil productores posesionarios no cuentan con la protección de la Procuraduría Agraria.

Carlos Bello Otero (PAN) se manifestó a favor del dictamen, tras considerar que el sector del campo demanda no solo una reactivación en el tema económico, sino un marco legal que brinde las garantías de seguridad jurídica ante los reclamos y controversias en los ejidos y propiedades comunales. “La dilación o errores en los procedimientos conllevan una baja en la productividad, lo que afecta las siembras y cosechas”, destacó.

El diputado Carlos Hernández Mirón (PRD) dijo que “a partir de la oleada de los métodos de acumulación capitalista, basados en el saqueo de los recursos naturales y el extractivismo intenso”, se hace necesaria la protección de los derechos del sector rural y particularmente la defensa de sus derechos agrarios. En este contexto, indicó que es relevante que la Procuraduría Agraria incluya entre sus funciones la defensa de los derechos de los posesionarios en ejidos y comunidades.

Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, del PVEM, comentó que la modificación a la Ley Agraria tiene la finalidad de dar seguridad y certeza jurídica al régimen de propiedad agrícola en nuestro país y promover mejores condiciones de vida para los campesinos mexicanos, en tanto les brinda certidumbre respecto a su patrimonio y medios de subsistencia.

Jesús Serrano Lora (Morena) consideró que la reforma al artículo 135 de la Ley Agraria pretende dar a los posesionarios, el derecho de asesoría y representación dentro de la propia norma, así como la obligación de la Procuraduría Agraria de defender dichos derechos. Sin embargo, “fortalecer el ordenamiento jurídico agrario como instrumento de reactivación del campo constituye una visión de solidaridad con el agro mexicano”.

Por Movimiento Ciudadano, el diputado Adán Pérez Utrera destacó que a 106 años de la Revolución, los objetivos del reparto agrario fueron desvirtuados “con aquella nefasta reforma al artículo 27 constitucional” que pretendió desaparecer la figura del ejido. Los esfuerzos por corregir y actualizar jurídicamente los problemas del campo mexicano, agregó, siguen siendo una asignatura pendiente.

La diputada Victoria Campa Almaral, de Nueva Alianza, resaltó que a partir de 1992, la Ley Agraria reconoce la existencia de la figura de los posesionarios, pero con derechos restringidos, sin permitirles una participación activa en la vida del núcleo agrario, ni tampoco acceso a una defensoría jurídica a través de la Procuraduría Agraria; por ello, la importancia de solventar esta deficiencia en la legislación.

Gissel García Soberanes, de Encuentro Social, se pronunció a favor, ya que estimó que con esta reforma se armoniza el marco normativo para defender los derechos de los posesionarios y sus descendientes. Agregó que con esta medida se beneficiarán al menos 706 mil 999 personas posesionarias de tierras ejidales que cuentan con certificación parcelaria.

El diputado Juan Romero Tenorio (Morena) presentó una propuesta de modificación al dictamen, lo que fue rechazado por el Pleno.

Se envió al Senado de la República para los efectos constitucionales correspondientes.

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